DOSCIENTAS PERSONAS

Los actos violentos en Huancabamba tienen una atmósfera que parece estar orquestada.

Nelson Peñaherrera Castillo

FACTORTIERRA

CIUDAD  DE  HUANCABAMBA-antes que estallara la Guerra con Chile, a finales del siglo XIX, un pueblo en los Andes piuranos, planeaba una gran construcción.

Se trataba de la Casa Consistorial de Huancabamba, un edificio rectangular de 2 pisos, hecho con madera y barro, que serviría para concentrar las operaciones del Gobierno local y actividades más importantes de la localidad.

Casi siglo y medio después, el tiempo y la geología estaban cobrando cuentas. Las maderas comenzaban a vencerse y la construcción ya no ofrecía ninguna seguridad para sus ocupantes.

El daño no era reciente. Cuando en 1997, varios periodistas preparábamos una cobertura desde Huancabamba, subimos al segundo piso, y el arqueamiento del techo era evidente, sin contar que cada paso dado hacía crujir la madera de un modo tétrico y hasta escarapelante.

El 26 de marzo de este año, el Alcalde provincial de Huancabamba –e inquilino actual de la misma-, Lázaro Toro Fernández, ordenó su demolición y sentenció a toda una comunidad a días de convulsión y violencia, que terminaron atentando contra la seguridad de los habitantes, así como propiedades públicas y privadas.

Lo que vino a continuación fue un tira y jala plagado de denuncias por corrupción y muchos ajustes de cuenta, además de una invaluable oportunidad para que todos los apetitos electorales salten a la vista. Pero, ¿era una lucha justa o había alguien detrás?.

Al Alcalde Toro se le oponía el Frente de Defensa de los intereses de Huancabamba, representado por Ricardo Adrianzén Manzanares. ¿Estaban realmente opuestos, o eran parte de un retorcido guión?.

EL VECINO NO QUERIDO

Lázaro Toro, llegó a ser Alcalde de Huancabamba tras la muerte del titular, Valentín Quevedo Peralta, quien había competido en las últimas elecciones con varios de sus aliados anti mineros, que hasta ahora siguen exigiendo cuotas de poder en Huancabamba.

La ascensión de Toro no comenzó con el pie derecho. Estos mismos amigos y rivales le exigieron que antes de comenzar su gestión, señalara si estaba a favor o en contra de la presencia de minera Río Blanco en Huancabamba.

Toro contestó que se seguirían oponiendo y como gesto conservó un enorme banderín verde que se podía ver, incluso antes de la demolición, en la fachada de la Casa Consistorial.

Aún así, pocos estaban convencidos, e incluso las Rondas Campesinas marcharon frente a la Municipalidad para exigir que confirmara esa posición. Eventualmente lo hizo, y lo reafirmó en cada oportunidad que tuvo, especialmente con los medios de comunicación de la ciudad de Piura.

Debido al estado ruinoso del antiguo local municipal, el Alcalde, anunció en diciembre de 2009, que era necesario derrumbar el edificio y construir uno nuevo que ofrezca mejores garantías. Las lluvias, el tiempo y la falla que desplaza a la mitad de la ciudad hacía inminente su desaparición, y antes de lamentar pérdidas se debía actuar.

Progresivamente, algunas oficinas se fueron mudando al Terminal Terrestre de Huancabamba, ubicado unas 3 cuadras al Norte de la Casa Consistorial, que estaba en el lado oriental de la Plaza de Armas.

Todo iba bien, hasta que Lázaro Toro anunció que la construcción del nuevo local municipal iba a tener un costo equivalente a 1,5 millones de euros. Sus opositores, y en particular el Frente de Defensa, levantaron cabeza, y le acusaron de sobrevaluar la obra y querer favorecer a sus allegados, excusa que, por cierto, es muy común en todas las comunas piuranas.

La bomba explotó cuando la madrugada del 26 de marzo, un cargador frontal derrumbó el local, y quienes habían jurado defenderlo de un destino injusto, se levantaron y le persiguieron al punto que le hicieron huir de la ciudad. Su casa y las oficinas de la municipalidad en el Terminal Terrestre fueron seriamente dañadas; igual suerte corrió la sede del Frente Amplio Campesino Urbano, el movimiento que llevó a él y al finado Quevedo al sillón municipal.

El 29 de marzo, el entonces Asesor Legal de la municipalidad, Cali Chunga, dijo a los medios que detrás de la destrucción estaban los opositores políticos del Alcalde, y que debido a la inseguridad, era necesario declarar el estado de emergencia en la provincia.

Un día después Chunga dio una conferencia de prensa en Piura, insistiendo en el tema de la inseguridad, pero obvió el estado de emergencia a pesar de las preguntas de los periodistas.

Lázaro Toro estuvo inubicable a partir de entonces hasta que reapareció el miércoles 19 de mayo para integrar una Mesa de Diálogo convocada por el Obispado de Chulucanas. Lo que llamó la atención de la prensa fue el personal de seguridad que estaba luciendo. Cuatro -4- sujetos con un aspecto dudoso y con revólveres en el cinto… no eran policías según se pudo conocer.

A partir del lunes 24 de mayo, el Alcalde despacha desde la localidad de Canchaque, ubicada a unos 100 kms. Al Sur Oeste de la ciudad de Huancabamba, flanqueado por estas mismas personas adonde quiera que vaya. Según a dicho, esta decisión se basa en el riesgo que corre su seguridad y en varios procedimientos municipales que deben continuar, ya que, entre otras cosas, el personal municipal contratado estaba impago desde el 15 de abril; sin embargo, este a sido integrado en las últimas semanas a la nueva sede edil.

El Alcalde de Canchaque ha expresado que no quiere a este nuevo vecino porque representa un riesgo para la seguridad de su pueblo. Mientras tanto, Toro se sigue paseando por esta localidad con su personal de seguridad extraoficial, cuyas caras han sido relacionadas con los actos violentos del 2 de febrero pasado en la ciudad de Piura, cuando la municipalidad local intentaba persuadir a los comerciantes del mercado modelo a que despejaran las calles y se mudaran a un lejano centro de abastos a la entrada de la ciudad.

EL PROTAGONISTA VISIBLE

Una persona, que se identificó como huancabambina, de apellido Labán, dijo a Radio Cutivalú, que en la reunión donde el Alcalde Toro había anunciado la demolición del local, estaba presente Ricardo Adrianzén, Presidente del Frente de Defensa de los intereses de Huancabamba.

Hasta ahora, Adrianzén no ha confirmado ni desmentido la versión, pero el mismo Labán dijo al aire que había un acta que lo probaba.

No se tiene mucha información de contexto sobre Ricardo Adrianzén, ya que su nombre en realidad comenzó a saltar de boca en boca, tras los sucesos del 26 de marzo.

Sin embargo, desde hacía varias semanas antes, junto a otras 200 personas había protagonizado marchas, mítines y arengas pidiendo al Alcalde a que no destruyera la Casa Consistorial; incluso, se hicieron plantones y vigilias frente a ella.

El Alcalde se negó a escucharlos, demolió el local, y fue cuando los seguidores del Frente comenzaron a organizarse en piquetes para evitar que Lázaro Toro huyera de Huancabamba. Cuando se dieron cuenta que eso había sido infructuoso, se organizaron para evitar que entrara, estableciendo retenes en todas las entradas de la ciudad.

Un regidor opuesto a Lázaro Toro, dijo por teléfono a FACTORTIERRA que la medida estaba justificada porque el Alcalde no escuchó los pedidos del pueblo, pero no se atrevió a decir si tendría la misma posición cuando las rondas campesinas hicieran lo mismo.

Otro detalle interesante es que el Frente de Defensa hizo creer a todo el mundo que todo el pueblo de Huancabamba apoyaba el derrocamiento del Alcalde, y además de los medios conocidos, se expresaban a través de Radio San Borja de Lima y el portal señal de alerta.

Días antes, ambos medios habían emitido noticias sobre el “avance alarmante” de la minería artesanal que se había tomado la ciudad de Tambogrande, dato que fue utilizado por Peru21 para hacer un editorial en contra del paro de mineros artesanales en Arequipa. Tras la salida de Lázaro Toro, ambos medios también informaron que las rondas campesinas habían marchado pidiendo que no regrese Lázaro Toro, no se imvolucrara al Frente en la destrucción ocurrida en Huancabamba y se abriera las puertas a las inversiones privadas, es decir la minería.

El mismo sujeto que se identificó en Radio Cutivalú como “Labán” dijo que las rondas campesinas nunca habían tomado esos acuerdos; el problema fue que quien había hecho el anuncio fue el Presidente del Comité Central de las Rondas. Labán asegura que alguien cambió la agenda e hizo trastabillar al dirigente campesino.

FACTORTIERRA pudo conocer en la comunidad de Segunda y Cajas, que nunca fueron convocados a estas actividades y desconocían mayormente su naturaleza.

Adrianzén Manzanares se rehusó a reunirse en la Mesa de Diálogo en Chulucanas, y en su lugar exigió que fuera escuchado en una reunión dentro de la sede del Gobierno Regional en la ciudad de Piura, al día siguiente, obligando a los organizadores del encuentro a acceder a la exigencia. Tras el establecimiento de Lázaro Toro en Canchaque, se desconoce cuáles son sus planes.

LA VOZ CONVOCANTE

Varios testigos en Huancabamba, incluyendo al Presidente de la Mesa Local de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, aseguran que radio Centinela fue el medio elegido para convocar a las movilizaciones y paros tras la demolición de la Casa Consistorial.

Radio Centinela es propiedad de Dúber Mauriola Labán, un viejo conocido nuestro, que se caracteriza por criticar dura y soezmente a todo aquel que se oponga al proyecto minero Río Blanco y similares. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), sus papeles están en regla, así que tiene plena libertad para utilizar el espectro según sus propios criterios, y es la única señal privada local que goza de este privilegio.

Mauriola es el mismo al que las Rondas Campesinas enrostraron sus insultos en una suerte de reprimenda comunal, en diciembre de 2004. Su esposa y varios allegados a Río Blanco denunciaron un secuestro y motivaron incluso un pronunciamiento internacional de Reporteros Sin Fronteras, que se desinfló cuando se supo que a inicios de diciembre de 2004 había atacado y destruido las instalaciones de Radio La Poderosa.

La Poderosa, antes llamada Radio Difusora Huancabamba, era propiedad de Federico Ibáñez Maticorena, metido en el negocio de la radio desde 1994. Tras la destrucción de su local, tuvo que enfrentar una inspección del MTC en 2007. Su licencia ya no estaba vigente, e intentó retramitarla sin tener éxito.

Ibáñez dijo a FACTORTIERRA que ambos eventos habían mermado su economía y le era imposible re emprender el negocio, que se caracterizó por emitir mensajes en contra de Río Blanco. Ahora promueve a su esposa y sus dos primas, mejor conocidas como “las Bermeo”, que cantan pasillos y sanjuanitos, muchos de ellos con temática ecologista.

Pero además Dúber Mauriola y Lázaro Toro se tienen cuentas pendientes. El Alcalde había logrado una sentencia favorable por difamación que, en teoría, impedían al dueño y presentador principal de la radio, a que se refiriera a Toro para insultarlo.

La sentencia incluía una reparación civil equivalente a 600 euros, que, según el Alcalde, se reinvertirían en programas sociales.

Mauriola había denunciado sobre la posible sobrevaloración del nuevo local municipal, en diciembre pasado, pero muy a su estilo, y esto hizo saltar la chispa. Según algunos técnicos reconstruir la municipalidad no costaría la cifra propuesta por el Alcalde, sino mucho menos.

Según pobladores, Centinela fue el medio convocante a las protestas; pero además, varios empleados municipales dicen haber visto a Mauriola encabezándolas y azuzando la actuación violenta de la gente. FACTORTIERRA pidió a estas personas para que hicieran declaraciones públicas, o que enviaran fotografías o videos tomado con sus celulares, señalando el hecho pero se negaron porque temen represalias.

Y es que los actos violentos en la ciudad, estuvieron cargados de bombas incendiarias, piedras y hasta balazos, pero como dijeron algunas personas, se trataba del grupo de los doscientos y no de toda la población.

Señal de Alerta y Radio San Borja, también entrevistaron a Mauriola para que explique estos actos, y básicamente la versión que manejan estos medios es exclusivamente suya; no tenemos reportes de declaraciones de Toro o de otros actores naturalmente inolucrados en el conflicto.

El 8 de junio último, un grupo policial intentó detener a Mauriola, quien fue acusado de azuzar el desorden posterior a la demolición de la Casa Consistorial; sólo querían tomar su declaración. Sus allegados se opusieron, despistaron a los uniformados, y como resultado ahora esta persona se encuentra prófuga.

EL BENEFICIADO INVISIBLE

Los aparentes simpatizantes y opositores del Alcalde de Huancabamba, una vez que ocurrieron los hechos violentos, invocaron el estado de emergencia, es decir, la suspensión parcial de las libertades constitucionales de libre reunión y tránsito.

Esto implica que durante un tiempo determinado, las Fuerzas Armadas toman el control de un espacio geográfico concreto y controlan la seguridad a su propia discreción. Para quienes se oponen a los emprendimientos mineros en esta zona, esto significa puerta abierta para que Río Blanco se reinstale, y con ella, todas las que ya han declarado tener concesiones en el lugar, incluyendo a Newmont.

Las acciones, todavía no aclaradas, del 1-11 y del 2-12 no han favorecido a la minera, y mas bien han levantado un halo de sospecha a su alrededor, y, como informáramos anteriormente, podían plantear una nueva demanda ante Tribunales en Inglaterra, donde se encuentra una de las sedes de Monterrico Metals, la dueña de Río Blanco. El argumento de fondo es que la agresión vino de quienes protegían a la empresa, no de la comunidad.

Algunos huancabambinos residentes en Piura han opinado en los medios de comunicación que su pueblo es pacífico y que no se explican cómo se ha llegado hasta este punto, además de mencionar tímidamente a los responsables. ¿Fue acaso la demolición del 26 de marzo parte del plan? ¿Por qué había una voz única desinformando lo que pasaba realmente en Huancabamba?

La Mesa de Diálogo para resolver el problema está planteada pero las partes en conflicto, al menos públicamente, no quieren verse la cara. En el medio, y mientras tanto hay todo un pueblo que vive en la incertidumbre, y cuyo destino dependería en apariencia, de unas 200 personas.