Nelson Peñaherrera Castillo
FACTORTIERRA
Cajas Shapaya, Huancabamba-Es día de elecciones en la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas. Unos mil cuatrocientos cuarenta comuneros tendrán que elegir entre el candidato único que postula con el color verde y la opción blanca, habilitada por las autoridades comunales para dejar que quienes no desean que la lista única gane, expresen su voluntad.
La mecánica es simple. Si la mitad más uno de los votantes le dan la victoria a la Lista Verde, el periodista y comunero Benito Guarnizo reemplazará a Servando Aponte, quien no desea ser reelecto.
“Soy una persona que cree en la democracia y es tiempo de dar paso a que otras personas dirijan la comunidad”, señala Aponte.
La filosofía de esta comunidad se basa en las reglas claras y la confianza de que todo el mundo actuará de buena fe; esto implica que si alguien quebranta este orden ya sabe cuál es la progresión de sanciones que puede enfrentar. Si a alguien no le gustan las reglas, debe, literalmente, quedarse fuera de la comunidad.
La gente de las ciudades entiende muy poco este sistema, y piensa que está fuera de la Ley. La Constitución Peruana ampara el derecho de cualquier ciudadano a establecerse en cualquier parte del territorio nacional, pero este mismo documento también reconoce los derechos de las comunidades campesinas, nativas e indígenas. El argumento de fondo según especialistas en derechos humanos, es que varias de ellas fueron constituidas mucho antes de 1821, cuando el Perú declaró su independencia.
Estos mismos especialistas, tras la experiencia del conflicto en Bagua, Amazonas, han insistido en que el abordaje con las comunidades no se debe hacer desde la perspectiva urbana, sino con un enfoque intercultural. El problema es que eso suena bien en el discurso.
Cortina de humo
El 2 de diciembre pasado, hacia las 3.40 de la tarde, un grupo de policías llegaba al caserío de Cajas Canchaque, la última escala antes de llegar a Sapalache, capital del distrito Huancabambino de El Carmen de la Frontera.
Tras las detenciones denunciadas a finales de noviembre pasado, donde sin mediar explicación, varios lugareños terminaron prestando sus declaraciones en una instalación de la minera Río Blanco, se había sembrado la tensión y la desconfianza.
Según el Alcalde de El Carmen de la Frontera, horas antes, trabajadores que se identificaron como pertenecientes a Integrando, habían ido a extraer material para afirmar una carretera cercana. La población se les acercó y les pidió que cesaran la tarea y se retiraran de la zona por carecer del permiso comunal y municipal.
Para los pobladores, eso parecía explicar la presencia policial. Aún así, algunos de ellos se acercaron a mediar por su comunidad.
Hoy se sabe que los policías, la mayoría sub oficiales, salieron de dos camionetas con armas en ristre. Ante el acoso de la población, se replegaron. Fue cuando Cástulo Correa, aparentemente estaba ebrio, cayó sobre el pie de uno de los policías; este se alarmó y sus compañeros comenzaron a disparar indistintamente bombas lacrimógenas y balas. Cástulo Correa fue herido mortalmente. Uno de sus familiares al intentar cubrirlo, recibió tres balazos en el glúteo y las piernas, pero ahora se está recuperando en un hospital de la ciudad de Piura.
El resto de la población corrió a guarecerse, y en medio de la cortina de humo, Vicente Romero, quien huía junto a su hijo, también fue alcanzado y muerto.
Otros seis comuneros recibieron heridas de bala. Tras la operación, los policías regresaron a Huancabamba, mientras que los comuneros intentaban reponerse, y el primer reporte se conocía en los medios a las 4.40 de la tarde, justo una hora después.
Autoridades comunales gestionaron la presencia de Fiscales para levantar los cadáveres mientras que la policía llevaba siete detenidos a la ciudad de Chulucanas, Morropón, ya que según declaraciones del Jefe de la I Región Policial, Walter Rivera, la misión era detener a sospechosos del atentado que sufriera el Campamento de Río Blanco en la frontera con Ecuador el 1 de noviembre pasado.
Fantasías y realidades
Rivera declaró al día siguiente que los comuneros les habían emboscado y que los atacaron con armas de fuego, dijo tener dos policías heridos y una semana después mostró fotografías de una camioneta policial impactada por proyectiles de bala.
La historia parece creíble hasta que encontramos que los policías no tenían heridas de bala, pero tampoco se precisó de que otro tipo. El otro detalle es que, de acuerdo con testimonios recogidos por Mar Pérez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, los vehículos utilizados por los policías son los mismos que Río Blanco contrata para desplazarse por la zona.
FEDEPAZ recordó que no era la primera vez que la policía utilizaba bienes de Río Blanco para realizar sus diligencias; podríamos agregar que tampoco es la primera vez que los uniformados usan otras instalaciones para un trabajo estrictamente de Comisaría.
Durante el plantón previo a la destrucción del campamento de Manhattan, en la ciudad de Tambogrande, el 27 de febrero de 2001, la policía detuvo a varios lugareños y en lugar de llevarlos a algún Puesto Policial, los retuvo dentro de las instalaciones de la minera. Los buenos oficios de Alejandro Silva, entonces abogado de la Diaconía para la Justicia y la Paz, había permitido una oferta de liberación que nunca se pudo concretar.
Volviendo a Huancabamba, a FEDEPAZ tampoco le quedó claro por qué las detenciones a los comuneros se habían procesado aceleradamente, cuando ellos estaban negociando diligencias con varios testigos para aclarar el asunto del atentado, y por lo que siempre habían recibido excusas y negativas.
Esa misma semana, el asunto fue minimizado en Lima, y a cambio el Ministerio del Interior prefirió emprender un lío de entredichos con el periodismo por la posible presencia de escuadrones de la muerte que estarían ejecutando extrajudicialmente a personas al margen de la ley, en Trujillo, La Libertad.
La semana siguiente, el intercambio fue con el Ministerio de Defensa por la compras de tanques de guerra chinos para renovar el arsenal militar peruano. Pero ni por la referencia a la procedencia de los vehículos, se habló de Cajas Canchaque, y el tema siguió en tercer plano, hasta que una portada malogró el pastel a la policía.
Los verdaderos valientes
Nadie quería creerles a los comuneros, ni aún con los resultados de la necropsia que había determinado que estos habían resultado ser más víctimas que victimarios.
El abogado de los comuneros sostuvo que las dos personas muertas fueron atacadas por la espalda.
Cástulo Correa es que el que peor parte recibió. "El orificio de entrada es de 0.5 cms de diámetro, y el orificio de salida es de 5cms x 3 cms. La trayectoria del proyectil es de abajo hacia arriba".
En la necropsia de Vicente Romero figura que el orificio de ingreso es de 0.5 cms y de salida es de 3cm por 2.5cm. La trayectoria del proyectil es de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo". En los dos se observa pulmón derecho con gran desgarro del lóbulo superior e inferior".
Las únicas balas capaces de hacer heridas pequeñas al entrar y crear grandes orificios cuando sale son de fusil automático. Estas tienen la propiedad de ingresar generando daños leves, pero al cruzar cualquier tipo de cuerpo, su fuerza se expande, lo que genera una reacción explosiva al momento de salir.
La policía intentó justificarse diciendo que los comuneros estaban armados pero no lo pudo probar; sin embargo especialistas independientes del Instituto Peruano de Antropología forense determinaron que los miembros del orden tenían la ventaja y el dominio del terreno.
El otro drama fue la atención a los sobrevivientes. Los dos heridos mas leves recibieron atención tardía, y el herido mas grave tuvo que ser evacuado hasta Chiclayo, Lambayeque, donde por un problema vascular generado por la entrada y salida de las balas, se le tuvo que amputar una pierna. La atención y gastos varios como la alimentación y el alojamiento de familiares esta corriendo por gestión y presión de varios activistas opuestos al proyecto minero, en la ciudad de Piura.
El gran perjudicado
El 13 de diciembre el diario La República de Lima publicó las fotografías que sustentaba los datos de la necropsia. Todo en primera plana.
Dos días después, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino pedía una actuación imparcial por parte de los Fiscales de Huancabamba, y al Jefe policial de Piura que aclare su situación en todo el caso. En Piura, los activistas pedían su cabeza; mientras, que en corrillos policiales se rumoreaba que sería reemplazado muy pronto.
Para coronar el pastel, los abogados que habían logrado acusar a Monterrico Metals, la matriz de Río Blanco de estar implicada en las torturas de agosto de 2005, iniciaron el estudio de una nueva causa contra la minera por estar presuntamente implicada en los sucesos del 2 de diciembre. La clave eran las camionetas.
Encima de todo, ahora hay fotos de la operación policial, justo antes de la balacera, tomadas por el hijo de Vicente Romero y que probarían que los policías actuaron con dolo. El fotógrafo ocasional dijo haber recibido amenazas.
Estas fotografías no se conocieron antes porque habían sido tomadas en película, y aparentemente, recién se habrían podido revelar.
Podríamos agregar un perturbador comentario del periodista Marco Rumiche, quien, en un comentario radial, comparó lo ocurrido el 2 de diciembre con la actuación del grupo paramilitar Colina en las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, un caso emblemático por el que el ex Presidente Alberto Fujimori enfrenta una pena de 25 años en cárcel. Intentamos contactar a Rumiche para que explique este punto, pero no contestó nuestras llamadas.
Aparentemente, quien terminará pagando los platos rotos es la minera, que terminó siendo víctima de uno de sus aliados. Como dijimos el mes pasado, ha tenido un mal año, y de hecho comenzó con el pie izquierdo, pero está terminando cojo, y el 2010 parece traerles mayores problemas. Será difícil que lleguen al 2012, y no tiene que ver nada con el calendario Maya.
Editado por Luis Correa.