Nelson Peñaherrera Castillo
FACTORTIERRA
CIUDAD DE PIURA –La noche de 1 del noviembre pasado, a las 22:30 tiempo de Lima para ser exactos, un comunicado de minera Río Blanco obligaba a las redacciones de los tres rotativos mas importantes de Piura, a cambiar su primera plana.
La empresa informaba que unas 15 personas asaltaron e incendiaron la mayor parte de su campamento central en el cerro que ellos llaman la Colina de Enrique. Hasta entonces, se sostenía que los dos únicos vigilantes de la instalación estaban muertos, mientras que 11 empleados estaban desaparecidos.
Todo ocurrió a las 3 de la mañana tiempo local del 1 de noviembre, pero el hecho se denunció simultáneamente ante la Policía de Piura y Huancabamba 9 horas después.
Los medios ya tenían trascendido desde la tarde del domingo pero no fue hasta la noche que la noticia fue confirmada por la consultora de imagen de Río Blanco.
Con el correr de los días se supo que el administrador del campamento había sido acribillado y su cuerpo, encontrado en una quebrada cercana. La misma suerte había corrido uno de los vigilantes, pero en la puerta del campamento, mientras que la identidad del segundo no se podía confirmar debido a que su cuerpo estaba carbonizado. Un ADN podía confirmar o descartar las dudas. El resto del personal se había guarecido en el bosque circundante y unos de ellos no se encontraba en el campamento, si no en la ciudad de Huancabamba.
Una montaña perdida
El campamento que Río Blanco tiene en la naciente de la corriente del mismo nombre esta rodeado de un tupido bosque de neblina, por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar, en plena Cordillera de los Andes.
Así lo confirman los testimonios de los comuneros que marcharon a la zona en 2004 y 2005, y en particular, el estudio de Impacto Ambiental semi detallado que Monterrico Metals, matriz de Río Blanco, publicó hace un año.
La topografía es sumamente accidentada debido a la Quebrada del Gallo y el propio Río Blanco, por lo que los pequeños abismos y pendientes pronunciadas son muy comunes. Para evitarlos, alguien que conozca muy bien la zona pueda utilizar varios atajos.
Ya lo esperaban.
Según los familiares del administrador del campamento la empresa prevía un asalto, por lo que simulacros de evacuación eran constantes.
Un antiguo trabajador minero nos comentó que es usual que estos ejercicios se hagan, al menos una vez por semana., mientras que vigilantes con quienes conversamos nos decían que las rutas y protocolo de seguridad son celosamente guardados por la propia empresa.
Pero en asientos mineros mucho más grandes, estos protocolos son casi inexistentes debido a la fuerte seguridad que los rodea a manera de cordones.
Este dato resulta intrigante en el contexto del atentado, porque los asaltantes sabían cómo penetrar al campamento y cuáles eran las rutas de escape, esto se deduce por el lugar donde se encontró el cuerpo del administrador.
Recordemos que él había sido ultimado fuera del campamento en una de las rutas de escape. Lo que no se explica es por qué él fue una de las víctimas concretas y no hubo víctimas al azar como suele ocurrir en este tipo de actos.
Uno de los sobrevivientes contó a los medios que los vigilantes les alertaron a gritos, y de inmediato se escucharon balazos. Con este primer llamado todo el mundo corrió a esconderse mientras que los vigilantes los cubrían.
A los pocos minutos, una bomba incendiaria impactó en la construcción y de inmediato las llamas se levantaron, y, aparentemente alcanzaron a uno de los vigilantes; pero este dato no quedó claro porque luego resultó sano y salvo según nuevos reportes periodísticos.
El resto se pudo salvar porque se escondió en la espesura del bosque, lo que los hacía virtualmente invisibles. Con este argumento tenemos dudas sobre el número de asaltantes.
Es difícil que en la oscuridad se pudiera determinar el número de asaltantes, y teniendo en cuenta que hubo tres fatalidades, no pudieron ser 15. Con esa superioridad numérica, es probable que hubieran tratado de liquidar a todos. Tengamos en cuenta que hubo intención expresa de destrozar la instalación.
El hecho de dejar sobrevivientes es consistente con un acto terrorista ya que requiere de la propaganda del caso, pero el conocimiento de la topografía y del campamento nos hace pensar que lo pudo dirigir alguien con acceso completo al mismo, lo que revela un buen trabajo de inteligencia de precisión militar. He aquí donde no es posible determinar un modus operandi concreto. Podría ser cualquiera, y es precisamente la duda, la ganancia de los planificadores del atentado; pero no hay crimen perfecto.
La clave de este misterio puede estar en los cuadernos de vigilancia que la empresa y los servicios de seguridad manejan, y donde constan los datos de ingreso y salida de todo el mundo.
Pero si la empresa prevía un atentado debe existir un informe de seguridad que alerte este peligro. La empresa haría bien en publicar estos documentos para revelar parte del misterio.
Otro punto a considerar para sustentar el aspecto de inteligencia, es el tiempo de la operación. Los sobrevivientes dicen que el ataque duró cerca de una hora; pero si consideramos el miedo que sintieron, lo que produce ansiedad, nos hace pensar que los eventos duran mucho más que su real tiempo, podríamos suponer que la operación completa tomó unos 30 minutos.
También hay que preguntarse qué se quemó durante el incendio, y si entre eso que ahora está reducido a carbón, había algún tipo de evidencia de utilidad para las investigaciones por tortura que Monterrico Metals enfrenta en Inglaterra.
El árbol caído
Monterrico Metals ha tenido un año muy malo. Tras la revelación de las torturas en este mismo campamento ahora enfrenta congelamiento de sus activos por 8 millones de libras esterlinas.
Además, desde el año pasado, ha tenido que despedir a muchos empleados, sus valores en bolsa ya no son atractivos para los sitios de inversionista, como CNBC.com
Cabe mencionar que las acciones de Monterrico en Londres han tenido un año irregular.
Tras costar 250 libras cada acción se desplomó a 50 y a hora apenas ha podido remontar a 95.
En este contexto atentar contra el enemigo caído no seria honroso por lo que la tesis de una venganza de las comunidades no tiene piso.
Las comunidades la habían vencido por 2 a 0 en su propia cancha, e iban a insistir en su salida a través de una mesa de diálogo con el Gobierno. Entonces, el atentado de las comunidades se vuelve a desbaratar y es una tesis racista. Dicho sea de paso dirigentes en Ayabaca, Huancabamba y Cajamarca, comenzando por Servando Aponte, Presidente de la Comunidad de Segunda y Cajas, recibieron la noticia con sorpresa y creen que es una maniobra de la minera para evadir su responsabilidad por las torturas.
Bienvenidas las botas
Fiel a su estilo, el Gobierno Peruano sacó la cara por la minera, y lo último de común acuerdo con ella fue planear la militarización del campamento.
Euler Jave del Frente de Desarrollo de la Frontera Norte, ya sospechaba que las botas militares iban a pisar la altura de Huancabamba tal como se lo dijo el 2 de noviembre a RPP. La decisión de llevar militares se tomó la noche del 4 de noviembre, aunque días después, el propio Jefe del Gabinete, Javier Velásquez, y el Presidente Regional de Piura, César Trelles, declararon que esta versión era inexacta. .
Esta última decisión nos deja ver que el atentado cayó como anillo al dedo a la minera y el gobierno.
Pero esto podría empeorar la imagen de Monterrico. Mientras tanto, el tribunal inglés que sigue la denuncia por tortura, de acuerdo al periódico londinense de “The Guardian” ya acogió el proceso.
Por otro lado, la percepción de los líderes y lideresas ambientalistas de Piura va en la línea del doble beneficio. Maruja Joo publicó el jueves 12 de noviembre en El Tiempo de Piura, que le parecía ilógico que el gobierno peruano promoviera el desarme en Sudamérica y a la vez militarizara las alturas de Piura.
La precisión de este atentado merece buscar responsables en otros niveles, probablemente en Lima, ya que lo que no contaron sus planificadores era la coyuntura local, es decir, mucho músculo, poco cerebro.
El estilo del atentado tiene mucha similitud con el de Godofredo García Baca, donde todo estuvo dispuesto para pensar lo más obvio. Ya sabemos que el autor material fue un antiguo comando de la FAP; pero lo que todavía no sabemos es quién le dio la orden. Recordemos que el efecto conseguido fue el impulso de la causa de Tambogrande que terminó con la salida de la hoy llamada Mediterranean Resources.
Colaboraciones infructuosas
El viernes 20 de noviembre, la Hna del fallecido Administrador se quejó desde Lima por Radio Cutivalú “de que la Jueza de Huancabamba y la Fiscalía no estaban colaborando con las investigaciones”. Lo que nunca dijo esta persona, es si ya existía alguna denuncia puesta ante las autoridades judiciales.
Sólo de esa manera, es posible proceder con las notificaciones del caso, para que los presuntos implicados presten sus declaraciones.
Las declaraciones de la Hna. Del Administrador, leídas entre líneas, nos dejan ver que la policía ha sido urgida para encontrar culpables a toda costa. El 12 de noviembre, FEDEPAZ denunció que al menos 5 comuneros de Segunda y Cajas fueron detenidos sin ninguna notificación previa, y en algunos casos fueron torturados por la PNP, o por personas que dijeron pertenecer a esta Institución.
El jueves 19, tres de esos comuneros, acompañados por la Congresista Marisol Espinoza, denunciaron que una vez fueron detenidos, y se les condujo a las instalaciones que Rio Blanco Cooper tenía en el caserío El Carmen, ubicado cerca de Sapalache, Huancabamba.
Y justo el día siguiente la Hna. Del Administrador dijo que la policía les comentó que ya tenían sospechosos, pero que no encontraban colaboración de las autoridades para detenerlos. Ella no pudo precisar si los comuneros injustamente detenidos eran los sospechosos de la policía.
Dos días antes, Servando Aponte denunciaba que personas presuntamente ligadas a la ONG Integrando, habían generado disturbios en el caserío Lucho, dentro de la comunidad de Segunda y Cajas. Para la congresista Espinoza, las detenciones arbitrarias y los choques responden a una estrategia: generar violencia para justificar presencia militar. Y Piura, según activistas en Internet, sería el primer paso.
Producido por Nelson Peñaherrera Castillo con informaciones de CNR/Radio Cutivalú. Editado por Luis Correa, David Flores y Nelson Peñaherrera Castillo.