Nelson Peñaherrera Castillo
FACTORTIERRA
CIUDAD DE PIURA-- El día que le leyeron la sentencia a Sixto Alverca, 37, había una nube en su cabeza. Lo habían condenado a dos años de libertad condicional por el delito de coacción.
Meses antes, él y otros dirigentes de la comunidad de Segunda y Cajas, en Huancabamba, habían detectado a dos personas a las que identificaron como trabajadores relacionados a Monterrico Metals; entonces los retuvieron para interrogarlos, y como resultado fueron denunciados.
En el momento en que Sixto no tenía ganas de pensar en otra cosa, le presentaron a un joven investigador, carismático y de verbo amable. El dirigente pensó que ese era el peor momento para hacer nuevos amigos.
Para Sixto Alverca, presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Carmen de la Frontera, nada en ese momento tenía sentido, ni mucho menos la presencia de este nuevo personaje. En su comunidad, casi todos los dirigentes, las dirigentes, y parte de la población, enfrentaban procesos judiciales por su tenaz oposición al proyecto Río Blanco desarrollado por la británica Monterrico Metals.
Tampoco entendía por qué el mundo de su comunidad era incomprensible para los jueces y para la propia población de la ciudad de Piura.
¿Aló, aló?
El detalle es que allá en la comunidad, muchas veces tampoco se entienden los usos y decires de la ciudad. Parecen mundos distintos, cada cual con un idioma específico.
En ese contexto, ni siquiera la noticia del congelamiento de activos que ha sufrido la minera británica la primera semana de julio ha sido noticia digna de comentario a favor o en contra. Efectivamente, un bufete de abogados en Londres, Inglaterra, gestionado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, consiguió que una sala paralizara el dinero de la minera y con ello frustrara su proceso de transferencia al consorcio chino Zin Jin.
Cuando la noticia fue publicada en medios alternativos, la abogada Mar Pérez en Lima cogió el teléfono y llamó de inmediato a Cleofe Neyra en Ñangalí, Huancabamba, una de las víctimas de tortura durante la marcha que las rondas campesinas realizaron entre julio y agosto de 2005.
“Te tengo una buena noticia”, le dijo a través de la larga distancia, y pasó a explicarle lo que había pasado en el mejor lenguaje jurídico. “Tienes un motivo para celebrar”, le animó, pero Cleofe se quedó con un gran signo de interrogación sobre su cabeza.
Le restó importancia y más bien siguió siendo una de las usuarias del limbo informativo que proporcionan todos los medios de comunicación locales y que entre comentarios, supuestos y a ataques directos no dejan espacio a los hechos en su estado puro. Es más, las buenas noticias llegan en formato de rompecabezas.
FACTORTIERRA llegó a Huancabamba durante la celebración de la Virgen del Carmen y esperó encontrar esa noticia al menos en boca de la dirigencia ambientalista pero la respuesta que obtuvo fue un rotundo “no lo sabíamos”.
Cuando conversamos con Cleofe, algo de luz vino a su cabeza y recordó la llamada telefónica de hacía un par de semanas entonces le explicamos en términos sencillos que la minera no podía disponer de su dinero para hacer absolutamente nada ya que sin ese insumo una empresa no puede operar.
Ella lo entendió y hasta dejó correr lágrimas de alegría y preguntó si ahora sí la empresa pagaría por el daño que les hicieron.
El punto es que no se conoce muchos hechos objetivos del caso y a ello tampoco ha escapado Sixto Alverca.
El nuevo amigo.
Sixto seguía cavilando acerca de su sentencia en segunda instancia y se preguntaba qué pasaría a continuación.
Entonces el joven, que seguía allí, les invitó un refresco y fue cuando realmente tomó interés en lo que estaba diciendo. Se presentó como Jorge Thieroldt, 33 años, egresado de sociología de la Universidad Católica del Perú y que en ese momento se encontraba investigando para escribir su tesis de maestría en la Universidad de Kansas con sede en Lawrence, Estados Unidos.
Jorge está comparando los casos Tambogrande y Río Blanco. Específicamente, la dimensión internacional de los conflictos: actores, recursos, mercados, discursos, instituciones, alianzas, etc. FACTORTIERRA fue una de las instituciones incluidas en su estudio. Ya que la visión de la población impactada es muy importante, viajó por todo el centro y el este de Piura visitando los lugares donde se desarrollan ambos casos. Siempre conversando con los dirigentes locales y los miembros de las organizaciones más importantes.
Sixto Alverca se interesó un poco más en este estudio y terminó convirtiéndose en colaborador de la investigación porque creyó necesario que el mundo se entere de su verdad.
¿El Seguro Social de las Comunidades?
La investigación de Jorge Thieroldt ha durado cerca de dos meses en campo y lo que preliminarmente ha encontrado es que los conflictos sociales entre el gobierno y las comunidades del interior del Perú casi siempre responden a diferencias de visión entre ambos sectores.
La Defensoría del Pueblo registra casi 900 conflictos en todo el país. El caso de la comunidad campesina de Segunda y Cajas tiene muchas similitudes con los conflictos ocurridos en otras partes del Perú. Como muchos otros conceptos, el concepto de “riqueza” tiene múltiples dimensiones.
¿La población de las comunidades campesinas peruanas se sienten “pobres”? ¿Sus proyectos y planes para superar la “pobreza” coinciden con los conceptos empleados por los políticos y empresarios mineros?; estas cuestiones aún esperan respuesta.
Desde hace muchas décadas en nuestro país, los sociólogos y antropólogos estudian la importancia de la propiedad colectiva de la tierra y la organización de las comunidades campesinas. ¿Podemos utilizar estos estudios para entender –por ejemplo– el caso Río Blanco? Hay muchas maneras de pensar las cosas. Las tierras de cultivo proporcionan a los campesinos los medios para satisfacer sus necesidades actuales y las de las futuras generaciones: ¿en qué sentido la propiedad colectiva de la tierra es fuente de seguridad?
En el caso de Segunda y Cajas, el relieve es otro elemento a favor de la propiedad colectiva de la tierra. Esta comunidad se ubica entre los 1900 y los 3200 metros de altitud sobre el nivel del mar, lo que significa que existen múltiples nichos ecológicos; en otras palabras, mayor biodiversidad.
La investigación de Jorge también incluyó a Malingas, en Tambogrande. Ahí, Fernando Carrasco, uno de los dirigentes del Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande. En tono poético, expresa el sentir de quienes se dedican a la agricultura diciendo: “la tierra es el cuerpo, los canales, ríos y quebradas las venas; y la sangre es el agua”.
El Arca de Noé
Si el agua es la sangre de las comunidades, las nacientes son su corazón. Estamos a 2800 metros de altura en el límite de los caseríos de Salalá y Guar-Guar, donde la quebrada Shimbe se precipita varios metros abajo formando una paradisíaca cascada. El camino que une ambos caseríos pasa justo debajo y detrás de la cortina de agua.
Sixto Alverca nos ha guiado hasta aquí como parte de la filmación de un nuevo documental sobre el caso Río Blanco, el segundo donde FACTORTIERRA participa como casa de producción local, con la finalidad de apreciar cómo el agua proporciona vida a los campos y particularmente a las plantas medicinales. “Esta agua cura”, exclama Sixto.
El negocio de la salud naturista no ha decaído en esta parte del valle de Huancabamba. Aunque el camino esté hecho barro, la gente sigue llegando a Salalá donde nació, vive y trabaja Noé Manchay, 27 años, técnico de enfermería que ha planificado formar un grupo juvenil que entre otras cosas se dedique a servir como guías turísticos de la zona.
Su proyecto incluye construir un albergue para que los turistas tengan acceso rápido al Complejo de las Huarinjas y de ese modo descongestionar los hoteles de Huancabamba donde por otro lado la atención está empeorando.
Sixto dice que este proyecto será más viable si es que Noé Manchay opta por afiliar su organización a las rondas campesinas o bien al Frente de Defensa que él preside. Otras opciones significarían mayores dificultades para operar.
De acuerdo a la lógica de las comunidades campesinas, es necesario el consentimiento de todos sus integrantes, para realizar cualquier actividad dentro del territorio que comparten. Si la mayoría se opone, simplemente no se hace. ¿Esto puede ser considerado como un modelo de democracia eficiente?.
Desintegrando
En esa perspectiva Noé Manchay tiene dos opciones: seguir las reglas de la comunidad, u oponerse y avanzar sólo. También hay una tercera opción, y es que se frustre y quede a merced de otras instituciones que sí podrían acoger su iniciativa.
Para los comuneros de Segunda y Cajas, esto podría representarles un peligro ya que han identificado organizaciones conectadas directamente a Monterrico Metals rondando por la zona.
El presidente de la comunidad comentó que están observando las actividades de Integrando en el área. Muchos habitantes de la zona creen que se trata de una ONG vinculada a los capitales de Alicorp y que actualmente está realizando trabajos de mantenimiento de caminos en la ruta entre Huancabamba y Sapalache.
Esto ha provocado varios roces que han terminado en enfrentamientos donde incluso una mujer terminó herida.
Alicorp es una empresa del Grupo Romero, uno de los más importantes del país y que tiene la quinta parte de la propiedad del proyecto Río Blanco, de la que sólo tomará posesión siempre y cuando la explotación tenga luz verde. Recordemos que el resto es de los chinos.
Alicorp está impulsando la siembra de “trigo durum”, que es la misma que Integrando intenta implantar en la Sierra de Piura. En una conferencia de prensa ofrecida en Piura a fines de julio, se informó que este producto es transgénico.
Muchos políticos, en Lima, nos piden desconfiar de las ONGs. ¿Debemos hacerlo? Wilson Ibáñez, un viejo amigo de FACTORTIERRA, quien ahora es miembro del Frente de Defensa y Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, dice que a veces, ellas se convierten en una especie de cuerpo consultivo para las comunidades campesinas, sobre todo cuando tienen que hablar con los representantes del gobierno. Cuando hay una mesa de diálogo, el gobierno suele traer abogados asesores. Pero, no es raro, que a los abogados de las comunidades se les dificulte el acceso a las reuniones.
Uno de los problemas en Huancabamba es que mientras los simpatizantes del proyecto minero hablan con mucha desconfianza de las ONGs ambientalistas (como por ejemplo de CooperAcción y su trabajo en la zona de Carmen de la Frontera), tratan con guantes de seda a Integrando.
Según escuchamos en uno de los medios de comunicación identificados con la minería, varios entrevistados han desfilado durante la semana de la Virgen del Carmen para decir que Integrando es una ONG que representa una gran fuente de trabajo y que mejora sensiblemente las condiciones de vida de las familias a las que beneficia.
En efecto, gran parte del discurso a favor de la minería va por el lado de la importancia de tener más dinero al punto que una persona dijo en una estación de radio local que si encontraban oro debajo de su casa, y le pagaban el equivalente a $400, dejaría que la destrocen. Cualquier parecido con los clasificados para adultos de El Comercio es pura coincidencia.
Sean mineros o sean ambientalistas, las dirigencias exijan cuotas de poder y la búsqueda de autoridad se convierta en el non plus ultra del valle de Huancabamba. Y todo por el gusto de ostentarlo al más puro estilo demagógico.
Un empleado conectado al sector minero de Huancabamba manifestó a FACTORTIERRA que se sentía incómodo porque los líderes de su lado están haciendo lo imposible por coquetear con el Partido Aprista Peruano (APRA). La razón podría ser el control del Programa Juntos, que proporciona una subvención equivalente a $35 mensuales para las familias más pobres con la finalidad de que resuelvan sus necesidades básicas a cambio de que los menores de edad de la casa no dejen de asistir a la escuela o a los continuos controles para prevenir la mal nutrición.
“Ese programa Juntos está mal acostumbrando a la gente porque en el campo no hay gente pobre, tienen sus tierras, tienen su ganado. La plata que reciben es usada para pagar préstamos de hasta $5000”, afirmó un colaborador de FACTORTIERRA en Huancabamba.
En muchos aspectos, las comunidades campesinas son organizaciones eficientes. Hasta cierto punto, el estilo de vida urbano las transforma lenta y constantemente. El problema es que estos procesos dificultan aun más la visión de los gobernantes. Mientras cada quién vea a través de su propio cristal, el conflicto no cesará.
El sociólogo Jorge Thieroldt, se prepara para defender una tesis donde la complejidad del problema es mucho mayor de lo que cualquiera supone, pero donde lo obvio salta a los sentidos. El dirigente Sixto Alverca ha superado el desaliento de la sentencia, pero se ha vuelto mas precavido que antes para evitar sorpresas similares.
Producido por Michael Watts y Nelson Peñaherrera. Editado por Nelson Peñaherrera y Joe Rios. © 2009 Asociación Civil Factortierra. Todos los derechos Reservados.