Aún se
deben explicaciones sobre la validez de la consulta
vecinal, los modelos de desarrollo locales y las
torturas en el campamento de Monterrico Metals.
Nelson Peñaherrera Castillo
Factortierra
SAPALACHE, Huancabamba -- Esta es una de las
pocas veces en que el Gobierno y las comunidades
potencialmente afectadas por el Proyecto Río Blanco
se ponen de acuerdo. Ambas quieren diálogo, pero la
diferencia radica en el objetivo que tienen cada una
de las partes.
Mientras las comunidades intentarán convencer por
enésima vez al gobierno para que cancele el Proyecto
Minero, la
Presidencia del Consejo de Ministros intentará
lo contrario frente a los habitantes de las
provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba, y las
cajamarquinas de San Ignacio y Jaén.
Al Gobierno le interesa mucho que este proyecto
comience sus operaciones tan pronto como sea
posible, no solo por los tributos que generarán,
sino porque está empeñado en afianzar un acuerdo de
libre comercio con China, a la que básicamente
seguiremos proveyendo con materias primas.
Mientras alrededor del mundo, China no es vista de
buena manera por depredar los recursos naturales,
los pequeños empresarios del Perú siguen pensando
que el Acuerdo Comercial no les favorece debido a
una desleal competencia entre precio y calidad.
Lo cierto es que las inversiones mineras también
forman parte del paquete, y el Gobierno ya empreñó
su palabra.
El Gobierno Regional de Piura también tiene una
agenda similar. Recientemente anunció que convocará
a un debate sobre el tema minero con la
participación de los 8 Alcaldes Provinciales y los
más de 70 distritales que conforman la Región Piura.
La lectura de algún sector de la ciudadanía piurana,
es que el Gobierno Regional buscará persuadir a los
alcaldes para que acepten e impulsen el Proyecto Río
Blanco, con la finalidad de recibir fondos de un
futuro canon minero.
Los Alcaldes piuranos ya tienen la experiencia del
canon petrolero, que en varios casos les ha
permitido terminar o construir obras de importancia
para sus comunidades; en ese mismo sentido, se habla
mucho de la experiencia de la
Región Ancash, donde el canon deja millonarios
recursos que lo propios gobernantes locales no saben
cómo aprovechar.
Las comunidades andinas de Piura ya tienen claro sus
posiciones desde hace mucho tiempo, pero será
necesario que las revisen y reordenen
estratégicamente para presentarlas como una
atractiva, o sino convincente, contra oferta ante lo
que dirá el Ejecutivo peruano. Lo único que sí
tienen claro es que el diálogo debe hacerse en
Sapalache, por ser la capital del distrito donde se
concentrará buena parte del Proyecto.
La Decisión de las Comunidades
El domingo 16 de setiembre de 2007, un poco más de
la mitad de la población de los distritos de
Ayabaca, Pacaipampa, y El Carmen de la Frontera,
participaron en una consulta voluntaria, con la
finalidad de expresar si deseaban o no
emprendimientos mineros en su territorio.
El 96% de quienes votaron válidamente opinó estar en
desacuerdo.
Jugando con los números, oficiales del gobierno
peruano y piurano salieron a decir que el resultado
no es legítimo porque faltó conocer qué opinaba el
otro casi 45% que no participó en este proceso;
dicho sea de paso, intentaron parodiarlo con
resultados desconocidos.
Lo que no han dicho es que casi todos quienes
votaron viven en el campo, y es la población rural
la que será directamente impactada por el Proyecto
Río Blanco; entonces, el argumento de la
ilegitimidad es bien relativo, mas aún si se tiene
en cuenta que casi toda la población urbana del
distrito de Ayabaca no participó del ejercicio y eso
explica el nivel del ausentismo.
La otra lectura es que hay una evidente polarización
entre campo y ciudad que se ha pronunciado más por
criterios económicos, mas que por criterios lógicos.
El reto de las comunidades rurales no es
enfrentarse a la población urbana sino convencerla
que es mucho más dependiente del campo de lo que
suponen; por lo tanto lo que afecte al campo,
arruinará a la ciudad.
El Gobierno también tiene un reto, y es el de dejar
en claro a quienes va a prestar oído, si al
empresariado, o a la ciudadanía.
La dirigencia de la Provincia de Ayabaca tiene una
razón bien simple sobre este punto. El Gobierno
debería estar de lado de la ciudadanía porque es la
mayoría, y el empresariado apenas es un puñado de
personas, muchas de las cuales no son peruanos de
nacionalidad, lo que, desde el punto de vista legal,
las inhabilita para participar de la toma de
decisiones que afecten un territorio puntual, salvo
que les den un lugarcito en la Municipalidad de
Londres o de Hong Kong.
Esta es la misma percepción que tienen la mayoría de
dirigencias comunales a lo largo del Perú, y el
dilema sigue sin ser resuelto, aunque al Presidente
García siempre se le ve rodeado de Presidentes de
corporaciones.
Aunque legalmente el resultado de la consulta de
2007 no es vinculante, significa que los
emprendimientos mineros no tienen licencia social
entre la población que será directamente impactada,
así que el gobierno tendrá que manejar esto con
cuidado antes de cometer un exabrupto. Un punto a
favor es que Yehude Simon es al menos más
diplomático y menos grosero que Jorge del Castillo.
Los Modelos de Desarrollo
La pregunta que nos sigue rondando es cuál era el
plan luego de la victoria de las consultas. Ahora
sabemos que no había ningún plan.
El gran problema es que la Sierra Piurana tiene un
enorme potencial en emprendimientos agropecuarios
por dos razones: una ancestral tradición de
tendencia orgánica y una biodiversidad envidiable
para cualquier extraño. Por lo tanto era inaudito no
tener planes.
Afortunadamente, en Ayabaca están enmendando la
plana, y en la visita que hiciera una comisión de la
Presidencia del Consejo de Ministros en abril
último, presentaron una veintena de proyectos
interesantes sobre iniciativas agrícolas, ganaderas,
forestales y turísticas. Por supuesto la intención
era demostrar que la minería no era la única opción
para el desarrollo local, ahora bien, varios
especialistas siguen recomendando que el campesinado
evoluciona en sus capacidades y pasa de la simple
producción, al control de las operaciones de
planificación y comercialización, ya que quien
controla el sistema, controla el mercado.
Lo que siempre se pide y se da es asistencia
técnica, pero esta siempre gira en base a
conocimientos que tienen siglos de existencia. Lo
que los especialistas recomiendan es que se les
muestre a los campesinos cómo obtener independencia
organizacional y económica, basados en la innovación
y la competitividad. Viejos conceptos como el ayllu
son eficaces para tener éxito.
Por su lado, el campesinado también debe tomar
conciencia de que debe reforzar y depurar sus
alianzas, buscando que sus pares no sean su eterna
fuente de financiamiento, sino entes y personas que
les desafíen a crecer y desarrollarse para encontrar
su propio bienestar, respetando su modelo de
desarrollo.
El gobierno debe garantizar que la gente podrá
cumplir esos objetivos sin tantas trabas, pero
también abriéndoles espacios equitativos para que
compitan y se abran al mundo.
Los Derechos Humanos
Tras la publicación, en enero último, de las
fotografías que probarían torturas en el campamento
de
Monterrico Metals en la cabecera de Río Blanco,
poco o nada se ha hecho para encontrar a los
responsables, y mas bien el caso parece estar en el
congelador.
Por lo pronto, dos de los seis delitos que fueron
denunciados, han sido desestimados por insuficiencia
de pruebas.
Según las autoridades judiciales las denuncias por
acoso sexual contra una Periodista y una dirigenta
ya no son probables, así como tampoco el caso del
entonces Fiscal Provincial de Huancabamba Félix
Toledo Leiva, a quien se acusó de omitir la
información sobre los hechos que estaban ocurriendo
entre el 1 y el 3 de agosto del 2005.
Tales decisiones han sido apeladas, pero también
censuradas por los abogados patrocinadores de la
parte demandante, quienes han dicho que sí hay
pruebas contundentes para continuar el proceso, y
que la protección contra Toledo Leiva responde a un
mal entendido espíritu de cuerpo.
El tema legal requerirá un análisis mas detenido
para determinar si el Poder Judicial tiene o no la
voluntad para resolver el caso; sin embargo para las
personas con una inteligencia emocional normal, las
fotografías siguen causando indignación por el
sadismo con que fueron tratados dirigentes y
periodistas.
Si los torturadores actuaron de esa manera, es
evidente que hay una orden detrás que responde a un
cuestionable proceso de formación de las Fuerzas
Policiales en el Perú. Un usuario de
Factortierra News ha comparado las imágenes a
las mismas de las prisiones que Estados Unidos tuvo
hace algunos años en Irak, y cuyos procedimientos
siguen causando dolores de cabeza a la Casa Blanca y
al Congreso estadounidense.
Si allá la tortura es cuestión de estado, por qué en
Perú no tendría que serlo.
El gobierno no debe prometer que resolverá las cosas
porque interferirá con el Poder Judicial, y se
supone que la moderna democracia peruana observa la
separación de Poderes.
Lo que nadie explica es cómo si la tortura es un
delito de lesa humanidad en todo el mundo, el asunto
del campamento de Monterrico Metals aún no tiene
responsables identificados y castigados.
Definitivamente, si se va a iniciar una Mesa de
Diálogo, el Gobierno Peruano debe acercarse con suma
humildad y cuidado ya que la real desventaja parece
estar en su campo.
La minera por su parte, solo se ha limitado a
informar que dejará de cotizar en el sector menos
visible de la bolsa de Londres. No hay una
explicación oficial, pero los técnicos que se oponen
al Proyecto minero, creen que Monterrico Metals se
ha quedado sin dinero, lo que facilitará su
absorción por Zinjin; lo más probable es que sigamos
viendo las mismas caras nuevas y las mismas caras de
siempre.
