¿Faenon
Minero?
Margarita
Rosa Vega – El Tiempo
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“Cuando un hombre ha llegado a un punto tal
de corrupción que no tiene aún la conciencia
de su perversidad, ya no se puede contar con
él”. MERLÍN DE DOVAL |
Como lo
habíamos dicho en la columna anterior, el gobierno
espera días en los cuales la población está más
entretenida en las compras navideñas y en las
fiestas de fin de año, para dar el golpe con leyes
que van a crear un potencial conflictivo, en este
caso en la región Piura con el cuestionado tema
minero.
Esto ha
pasado con la legalización de la presencia de la
minera china Zijin en las provincias de Huancabamba
y Ayabaca, donde justamente se hicieron las
consultas vecinales ante la resistencia de las
comunidades a esta actividad extractiva y el
gobierno, con el defenestrado primer Ministro Jorge
del Castillo, frustró en diciembre del 2007, el
diálogo abierto por las mismas comunidades
campesinas.
El Decreto
Supremo Nº 024-2008-DE del 27 de diciembre, declara
de necesidad y utilidad pública la inversión privada
en actividades mineras para que la empresa Xiamen
Zijin Tongguan Invesment and Development Co. Ltd.
pueda adquirir y poseer concesiones y derechos
mineros y “recursos complementarios” (La norma no
señala cuáles, pero lo principal es el agua) para el
mejor desarrollo de sus actividades productivas
dentro de los 50 kilómetros de la zona de frontera.
Este
“faenón” ha provocado, con justicia, la reacción de
las comunidades Campesinas y de los pueblos de la
región Piura que saben y conocen muy bien cuál ha
sido la imposición del gobierno aprista de Alan
García para allanarle el camino a las mineras
mediante decretos inconstitucionales, a los que las
instituciones del Estado que deberían velar por el
respeto a la ley de leyes que es la Constitución,
vienen permitiendo que continúe vendiendo el
territorio nacional como si fuera el único dueño del
Perú y sin consulta a las poblaciones.
Con ese
decreto el gobierno se ha traído abajo además, los
argumentos de Defensoría del Pueblo respeto a la
ilegal presencia de la minera Monterrico Metals,
luego Zijin, en territorio Comunales de Yanta y de
Segunda y Cajas, en Ayabaca y Huancabamba
respectivamente. Junto a estos argumentos, también
están los técnicos que hace dos años John Bebbington
alertó sobre el riesgo de un distrito minero en la
zona, cuando se intuía en la ampliación de los
derechos mineros hacia la empresa Mayari SAC, cuyo
dueño de las concesiones es nada menos quien antes
fue gerente de la Minera Majaz, Francisco Eguren
Anselmi.
Esto es lo
que el Premio Nóbel de Economía 2001, Joseph
Stiglitz diría de la tercera particularidad de los
países ricos en recurso naturales “es que así como
tienen más desigualdad, también tienen más
dictadores. Si se mira alrededor del mundo se puede
ver que una fracción muy alta de países ricos en
recursos naturales, han tenido problemas políticos
que socavaron la democracia”.
A partir del
Consenso de Washington que impuso durante la época
del nipón Alberto Fujimori, la privatización de las
industrias extractivas, las negociaciones con el
sector privado no han sido las más eficientes, y
esto se demuestra con el caso de PetroPerú que le ha
causado un gravísimo daño a la nación al entregar
una industria estratégica, como lo hemos
experimentado con el alza de los precios del
petróleo. Como dice Stiglitz, “el interés del sector
privado es maximizar sus ganancias para los
accionistas y maximizar sus ganancias significa
minimizar lo que se le paga al gobierno, al Estado
por el recurso natural”.
También es
cierto que los gobiernos no saben negociar frente a
la posición de ventaja en materia de información y
capacidad de negociación de las poderosas
transnacionales que conocen la complejidad de los
tratos porque así como hay excepciones, la mayoría
de estas empresas petroleras o mineras, saben bien
cuando apostar, especialmente cuando están próximas
las elecciones en un país o cuando se puede traer
abajo a un gobierno cuando no les es favorable a sus
negocios o corrompiendo a funcionarios proclives a
sus intereses.
El Decreto
Supremo Nº 024 muestra claramente que el gobierno
sigue pensando que el mercado sigue siendo la
panacea, el que ofrece la mejor oportunidad y
crecimiento al país, pero jamás perciben el valor
real y total de sus recursos naturales para un
desarrollo sostenible, debido a que el PBI (Producto
Bruto Interno) no se está midiendo adecuadamente,
por eso el Nóbel de Economía impulsó la creación
del “PBI
Verde “ en Estados Unidos, y aquí en el Perú
ni siquiera lo piensa la poderosa Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía .
Porque no
les conviene a las transnacionales ni a las
extractivas, tomar en cuenta el agotamiento de los
recursos naturales y la degradación del medio
ambiente para evaluar si el bienestar de la
población está mejorando o empeorando y lo principal
aquí en la zona, es el recurso agua que proviene de
los páramos no de los nevados, ni de los glaciares
como creen muchos de los defensores de la minería.
Es un
momento crucial para sentar democracia y no permitir
alegatos de autócratas, si se tiene en cuenta que
Decreto Supremo Nº 024, no ha sido firmado por el
Ministro del Medio Ambiente, doctor Antonio Brack
Egg, cuyo ministerio debería haber definido
previamente la biodiversidad de las zonas en
concesión y del agua como mineral que genera vida y
es importante para la agricultura y sustento
regional.
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