"Denuncia interesada"

Julio Vásquez Calle

Red Regional Agua, Democracia y Desarrollo

Como en el caso Tambogrande, quienes impulsan proyectos mineros intentan descabezar a los movimientos comunitarios enjuiciando a sus lideres y simpatizantes. En la foto, en primer plano, el Presidente del Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera.

PIURA, Piura-- La quinta fiscalía de Piura inició los interrogatorios a las personas acusadas de terrorismo entre las que se encuentran dirigentes campesinos, alcaldes y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG's).

Los notificados son: el alcalde de San Ignacio, Caj., Carlos Martínez Solano, presidente del Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (FDSFN), los alcaldes Humberto Marchena (Ayabaca), Valentín Quevedo (Huancabamba), Ismael Huayama (Carmen de la Frontera) y el teniente alcalde de Ayabaca, Deyber Flores así como el gerente municipal de San Ignacio, Euler Jave Díaz.

También están comprendidos: Javier Jahncke Benavente – Fedepaz,  Wilson Ramiro Ibáñez (Red Muqui), Fidel torres Biólogo, Mario Tabra Guerrero  entre otros.

La  mayoría de los acusados  son representantes de las poblaciones campesinas de la sierra de Piura y San Ignacio (Cajamarca)  que se oponen al proyecto Río Blanco Cooper (ex Majaz).

Hay que precisar que  la gran mayoría de los acusados impulsaron la consulta vecinal el 16 de septiembre de 2007 en los distritos piuranos de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera, donde la población acudió masivamente a expresar su posición en torno a la actividad minera como opción de desarrollo para esta zona, siendo rechazada mayoritariamente por un 96 por ciento de los votantes.

El alcalde de San Ignacio, Cajamarca, calificó la denuncia presentada por el "autodenominado Frente de Unidad Segunda y Cajas" como una maniobra "desesperada del proyecto Río blanco  quién financia a estas organizaciones paralelas con la intensión de dividir las poblaciones".

El Frente de Unidad Segunda y Cajas, es catalogado por los dirigentes comunales como una organización paralela que busca debilitar las organizaciones de base.

El alcalde de Ayabaca aseguró no conocer a ninguno de los integrantes del Frente Paralelo:

"yo a las personas que me han denunciado no las conozco (…) yo estoy indignado porque cualquiera puede ser denunciado sin ninguna causa, imputándome por terrorismo  cuando soy un alcalde que ha sido elegido por 5 periodos en el distrito de lagunas  y hoy en la provincia de Ayabaca".

El FDSFNP  está integrado por los alcaldes de Ayabaca, Huancabamba, Pacaipampa, Carmen de la Frontera, y otras organizaciones  comunales, ante la preocupación de la población campesina por la instalación del proyecto Río Blanco Cooper (ex Majaz) el cual pretende construir una mina de cobre en  las cabeceras de las cuencas del Chira y del Huancabamba, amenazando  la producción de agua para las partes bajas de Piura y Cajamarca.

El alcalde de Ayabaca dijo "que su obligación es estar del lado del pueblo viendo sus problemas, cuando han determinado su desarrollo en la agricultura, ganadería y turismo".

Acusado por ayudar

Javier Janke está apoyando a las comunidades de la Sierra de Piura desde hace mucho tiempo. Su experiencia legal es ahora el objetivo de quienes le atacan.

Javier Janke Benavente miembro de Fedepaz  aclaró que si ha brindado algún apoyo éste ha sido "a pedido de las autoridades, la población formalmente establecida a través de una  comunidad campesina y no a través de grupos formado por cuatro personas, sin ningún tipo de representatividad  ni participación en la comunidad, que nos ha pedido el apoyo para algún tipo de asesoría que se las hemos prestado" refiriéndose a la asesoría técnica gratuita que ha brindado.

Asimismo en torno a la acusación  Janke afirmó que "es una denuncia interesada buscando desmovilizar a la población que en realidad está organizada y que tiene  una posición que no se está tomando en cuenta por parte de las autoridades en este momento".

Se espera imparcialidad

El abogado de quienes defienden el medio ambiente tiene aún muchas dificultades por superar; aunque un respaldo internacional podría facilitarle las cosas.

El abogado defensor David Velasco Rondón  reconoció que la fiscalía está cumpliendo su trabajo al llamar a las partes para que realice su descargo y espera la imparcialidad del fiscal.

Al referirse de sus patrocinados dijo que "los denunciados (…) tienen una actividad pública reconocida en defensa de los derechos de las comunidades campesinas nativas en el medio ambiente son personas inocentes y se les ha formulado una falsa denuncia, consideramos  que de  principio, no hacemos más que cumplir con el mandato del Ministerio Público para que ellos brinden sus declaraciones indagatorias" afirmó Velasco.

Las indagaciones de la fiscalía deben culminar con los interrogatorios a fines del mes de agosto luego de escuchar las versiones de las 35 personas acusadas  entre dirigentes comunales campesinos, alcaldes y profesionales.

Preocupación Internacional

El estudio jurídico Heller Ehrman White & Mcauliffe con sede en Washington, Estados Unidos y dedicado al amparo de los  Derechos Humanos  envió un análisis jurídico legal donde muestra su preocupación por la denuncia del autodenominado "Frente de Unidad de la Comunidad Campesina Segunda y Cajas".

El análisis enviado por HEWM se debe a la preocupación de organismos internacionales por la vulneración de derechos Humanos, así lo aclara la carta dirigida al Fiscal Juan Ortiz Arévalo, presentada el 23 julio por la abogada defensora Rosa Quedena Zambrano (Fedepaz) en la quinta fiscalía de Piura.

"El motivo por el que estamos enviando este análisis para su consideración es que el Centro Legal de Defensores del medio Ambiente (EDLC, por sus siglas en inglés) se dio cuenta de la existencia de una cantidad de casos en todo el mundo en los que, como este, los defensores del medio ambiente que participan en la oposición a proyectos propuestos de desarrollo (…) Estos enjuiciamientos buscan en esencia responsabilizar estricta y penalmente a estos ciudadanos por las acciones ilegales de otros".

HEWM cuenta con 650 abogados en 14 oficinas de Estados Unidos y en el exterior. En tal sentido ha dispuesto la designación  de Garrett Byrne,  Jack Anderson con sede en Londres, además de Willian Forman, Matthew Benedetto y Lewis Gordon este ultimo Director del centro legal de Defensores del Medio ambiente. Quienes firman y sustentan el análisis legal presentado.

La abogada Quedena declaró que los organismos internacionales están siguiendo estos casos con preocupación "estamos presentando un informe elaborado por un estudio Norteamericano (…) en la cual se establece jurídicamente  que  no existe los delitos  por los cuales se han denunciado estas personas y que son materia de esta investigación fiscal".
 

Edición adicional por FACTORTIERRA.