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Salvemos el agua. Salvemos Huancabamba

Rompecabezas

 

Nelson Peñaherrera C. y Liliana Alzamora

Editores

factortierra@yahoo.es

 

En esta historia: Un choque anunciado | Tortura policial | Tirando la piedra

 

La zona de la crisis, y las comunidades mayormente involucradas. Los campamentos de Río Blanco se señalan en negro.

 

Piura -- La confusión existente sobre lo que pasó en Río Blanco sólo tiene comparación al momento mismo en que comuneros y policías se enfrentaron entre el 27 de julio y el 2 de agosto pasado.

 

Cada quien tiene su versión, aunque en el caso del Gobierno con una dosis de negación hacia evidencias de que la actuación policial no fue limpia del todo, y sobre la que aparentemente se ha borrado cualquier seña del abuso.

 

Lo que hasta ahora está claro es que, tras una reunión de las Rondas Campesinas, en Chiclayo, Lambayeque, el mes de junio pasado, se adoptó como acuerdo desalojar a los mineros de los campamentos que Monterrico/Majaz opera en la zona de Río Blanco, en la confluencia de las fronteras de Piura, Cajamarca y Ecuador.

 

La iniciativa fue liderada por las rondas de Ayavaca, quienes desde el lunes 25 de julio se pusieron en camino, sin mayores planes excepto el desalojo.

 

Mario Tabra, corresponsal local de factortierra y dirigente del Frente de Defensa local, comentaba ese día que los planes eran caminar, y a medida que avanzaran en el camino, los ronderos de cada pueblo camino a Río Blanco se les iban a unir, como de hecho pasó.

 

En el valle contiguo, Segunda y Cajas se agrupaba tímidamente hasta que recibieron un sorpresivo apoyo de los ronderos de Sóndor, quienes se dividieron en dos: un grupo marcharía hacia Río Blanco, y el otro se quedaría en la plaza principal de Huancabamba para realizar protestas, en general, pacíficas.

 

En San Ignacio, Cajamarca, con algo de retraso, primero se tomó una pista de aterrizaje utilizada por Monterrico/Majaz, mientras se marchaba hacia la serranía siguiendo la naciente del río Chinchipe.

 

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Un choque anunciado

 

Los campesinos dejaron sus labores por cerca de una semana, para desalojar a Monterrico/Majaz.

La marcha y las intenciones de los ronderos eran harto conocidas desde el momento en que se anunció, el 20 de julio.

 

Como era lógico, la empresa pidió garantías para sus trabajadores en los campamentos y la respuesta fue un grueso cordón policial resguardando las instalaciones.

 

Cuando los ronderos llegaron el 27 de julio, víspera del aniversario de la independencia del Perú, los efectivos estaban esperándoles armados con bombas lacrimógenas y fusiles AKM, según reportaron varios testigos.

 

Para organizaciones de derechos humanos, esto demuestra total desequilibrio en la manera en que se iba a enfrentar a un grupo de personas armadas con piedras y hondas.

 

El escándalo de las AKM saltó el 29 de julio cuando, en el campamento de Pan de Azúcar, un comunero trató de evitar que un policía ingresara para detenerlos. En medio de la pelea cuerpo-a-cuerpo, el arma se disparó destrozando la pierna del uniformado.

 

En ese mismo lugar, la Policía capturó a Julio Vásquez, el corresponsal de Radio Cutivalú de Piura, acusándole de agredirles.

 

Pero, un análisis de la grabación del reporte transmitido en vivo, a través de un teléfono satelital, demuestra que el periodista se esforzó por quedarse fuera del alcance de las balas y las bombas lacrimógenas; mas, el ataque dirigido hacia su ubicación interrumpió abruptamente su informe y generó preocupación en la sala de noticias de Cutivalú en la ciudad de Piura, 270 kilómetros al oeste.

 

En ese lugar, también fueron capturados varios comuneros, y los corresponsales Mario Tabra y Elizabeth Cunya.

 

En ningún momento, la gente de Ayavaca en Pan de Azúcar pudo coordinar con los comuneros de Huancabamba y San Ignacio, que se encontraban cerca de otro campamento en El Tambo, del otro lado del fuerte cerco policial que se extendía hasta Henry’s Hill.

 

Finalmente, tras varios intentos de toma de los campamentos de Monterrico/Majaz, la Policía pudo controlar a los comuneros y los dispersó con ráfagas de metralleta y bombas lacrimógenas. La Policía habló de 32 detenidos, pero un día después, se convirtieron en 27…

 

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Tortura policial

 

Sala de noticias de Radio Cutivalú, en Castilla, Piura, durante los intentos por liberar a los detenidos, el 3 de agosto pasado.

El 3 de agosto, Rodolfo Aquino, director de Radio Cutivalú, trató de obtener la liberación de su corresponsal, mientras periodistas de todo el país y hasta la Cruz Roja Internacional expresaban su preocupación por el hecho de que la Policía hubiera decidido cortar cualquier fuente de información independiente.

 

Para comenzar, la Policía nunca supo explicar el paradero de todos los detenidos, que factortierra, basándose en un reporte del Ministerio del Interior, confirmó que aún se hallaban en Pan de Azúcar.

 

Todos fueron transportados directamente a Piura (la comisaría en Huancabamba estaba prácticamente rodeada por ronderos), esa misma noche.

 

Aquino, en compañía en Lawrence Chunga, de Diaconía para la Justicia y la Paz, logró obtener garantías para Julio Vásquez, quien fue liberado horas después. Igual suerte corrieron el resto de detenidos, entre ellos Mario Tabra de factortierra, quien salió libre al amanecer del 4 de agosto… y se supo la verdad.

 

La Policía atacó violentamente a los comuneros, y a los que detuvo, los desnudó, los azotó y los intentó arrojar por un despeñadero. Los tres periodistas sufrieron la misma suerte.

 

Varios ronderos denunciaron torturas, y también dijeron haber visto a la Policía deshacerse de cuerpos de comuneros arrojándoles por un despeñadero. Ellos suponen que estaban muertos.

 

Hasta el 3 de agosto se supo que el único muerto identificado era Amado Velasco, natural de Punján, Cajamarca. Entre los detenidos que fueron trasladados a Piura, se encontraba un cadáver.

 

Una oficial de derechos humanos de Jaén, Cajamarca, llegó hasta Piura para encontrarse con que el cuerpo no era de Velasco; el 6 de agosto, una joven identificó al occiso como Melanio García González (45), su padrastro, residente en Pacaipampa.

 

Esto ha sorprendido a entidades de derechos humanos en Lima que se están preguntando: ¿y dónde está el cuerpo de Amado? De hecho, no hay pistas.

 

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Tirando la piedra

 

Marco Miyashiro, director de la Policía Nacional del Perú.

El Gobierno y la Policía, bajo auspicio del gremio minero e industrial peruano, justificaron la actuación diciendo que detrás de la protesta hay intereses del terrorismo y del narcotráfico.

 

Marco Miyashiro, director de la Policía Nacional, no se ha cansado de repetir el mismo cuento sin presentar pruebas, excepto la suposición de que, como en la zona se hicieron recientes decomisos de amapola, habría conexión con el narcotráfico.

 

Mientras tanto Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas, se puso a contarle a cada medio una historia distinta. Él inició toda la corriente que acusaba al Obispo de Chulucanas, Daniel Turley, de promover la violencia en Río Blanco.

 

La respuesta de Turley y la Iglesia Católica peruana fue que ellos nunca iniciaron el fuego.

 

A todo esto, una comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja que llegó a Río Blanco dice no haber hallado pruebas de muertos ni heridos, sin reparar en que la Policía ha tenido 48 horas para borrar cualquier seña.

 

En Londres, Monterrico Metals experimenta una baja en sus acciones.

 

Por su parte, los comuneros de Ayavaca y Huancabamba no han dado su brazo a torcer y han restringido el tránsito a los Andes de Piura, desconfiando de cualquier forastero.

 

Una comisión independiente y proba, sin participación de los involucrados –incluyendo la Iglesia y el Gobierno-, puede ayudar a aclarar mejor todo este ambiente confuso.

 

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Aldo Palacios y Jaime Gallo en Tambogrande y factortierra News contribuyeron con este informe. Con reportes de El Tiempo, Radio Cutivalú, El Comercio y Reuters.

factortierra network agradece a Alina Antón por su interés en la situación de Mario Tabra, así como varias muestras de solidaridad y preocupación por su vida.

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