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Actualizado: 13/01/2007 09:55:47 -0500

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Lista para extenderse

 

El objetivo de Monterrico es tender un mineroducto de más de 250 kilómetros, que permita embarcar todo el mineral extraído sin ningún problema; pero antes, requieren... unas cuantas autorizaciones. Los puntos en el mapa son referenciales y corresponden a los hallados en los documentos de la minera.

 

Nelson Peñaherrera Castillo

Editor

 

Catacaos, Piura -- Monterrico Metals tiene un año para dejar todo listo para iniciar operaciones, y no está perdiendo tiempo.

 

Mientras muchos se daban el abrazo de Navidad o recibían embriagados el Año Nuevo, Minera Majaz, la operadora local de la minera británica, continuaba un plan de acercamiento a comunidades de la costa de Piura.

 

La finalidad es preparar terreno para tender el mineroducto con el que transportarán  material extraído (Majaz ha negado que  sea totalmente procesado en Río Blanco) desde las alturas hasta un puerto en la costa de Piura.

 

De acuerdo a los datos que FACTORTIERRA conoció a fines del año pasado, el punto elegido inicialmente era Paita, pero recientemente Majaz ha pensado seriamente en usar Bayóvar.

 

Tiene instalaciones apropiadas, y, en efecto, es usado por el Gobierno Peruano para embarcar el petróleo que el Oleoducto Norperuano transporta desde el norte de Loreto, en la región amazónica, y lo transfiere a través de la Cordillera de los Andes, hasta alcanzar y cruzar el desierto de Sechura, para finalmente llegar hasta allá.

 

Majaz pretende hacer casi lo mismo con el mineroducto: saliendo de Río Blanco, tomaría la Meseta Andina en los sectores altos de Pacaipampa y Frías, para aparecer por el lado de Morropón, ya en la costa, avanzar por el bosque seco de la Comunidad de Ignacio Távara, la Comunidad de Catacaos y terminar en Bayóvar.

 

Exijo una explicación

 

La solicitud (izq.) de Majaz a la Comunidad Campesina de Catacaos, y la respuesta de la segunda negándose a dar cualquier autorización (der.) Amplía estos facsímiles.

El 6 de noviembre pasado, Luciano Avilés, de la oficina de proyectos de Minera Majaz, envió una carta a los dirigentes del caserío Mancomún Morante, en la jurisdicción de la comunidad campesina de San Juan de Catacaos.

 

Avilés pedía a los dirigentes autorización para ingresar al territorio de ese caserío con la finalidad de instalar hitos. Una firma y un sello.

 

Los términos corteses del funcionario no fueron contestados de la misma manera.

 

Dos días después, Miguel Silva y José Ricardo Sullón, presidente y secretario de la comunidad campesina, respectivamente, ponían al minero en su sitio.

 

De entrada, el caserío Mancomún Morante no existe (aunque la Carta Nacional del Perú registra a un caserío Morante como uno de los límites de la comunidad), y los asuntos relacionados con el uso del territorio no se tratan con dirigentes de caserío, sino con la organización más grande.

 

“Parecería… que… pretende… ignorar la verdadera razón social o persona jurídica con quien deben tratar estos asuntos”, contestaron los dirigentes.

 

A párrafo seguido agregaron que la actitud de Majaz demuestra una total ignorancia de los derechos de las comunidades sobre el uso de los territorios, y que la observación iba con copia a la Dirección Regional de Energía y Minas (tiempo perdido), la Defensoría del Pueblo y la Diaconía para la Justicia y la Paz.

 

¿A ellos les gusta la gasolina?

 

En términos sencillos, Minera Majaz no puede operar libremente en el territorio de las comunidades de Yanta o de Segunda y Cajas; requiere autorizaciones. En la foto Río Tomayaco, cerca de Yanta, uno de los afluentes del río Quiroz.

La Defensoría del Pueblo, o al menos la Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente, tiene su propia visión del caso.

 

A un pedido de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), Defensoría consultó al Ministerio de Energía y Minas acerca de la presencia de la minera en Río Blanco y alrededores.

 

Según Defensoría, el ministerio “no cumplió con exigir a la empresa acreditar la existencia de una autorización de los propietarios del terreno superficial, ni verificó las formalidades legales que deben cumplir las autorizaciones”.

 

Defensoría ha instado al ministerio a que corrija estos problemas para evitar conflictos posteriores. De ahí a que el ministerio haga caso, ya es otro asunto.

 

Asimismo, la entrada de Minera Coripacha, supuestamente asociada a Majaz, es también tema de una nueva gestión, ya que requiere tener la autorización de la comunidad de Segunda y Cajas para operar.

 

Coripacha, tal como su nombre lo dice al castellano, pretende extraer oro desde el suelo.

 

Dicho de otra manera, las quejas de Yanta y de Segunda y Cajas tienen todo el fundamento del mundo.

 

Toque la puerta antes de entrar

 

Minera Majaz ya había explorado otras posibilidades de entrada, en caso Yanta y Segunda y Cajas no le fuera propicias. La alternativa era Pacaipampa (en la foto).

Los intentos de diálogo de diciembre pasado, al Gobierno parecen decirle algo; pero todo no quedó más allá del típico encuentro diplomático y el ofrecimiento de acercarse a la zona para conocer el problema de fuente directa.

 

Las comunidades ya habían reaccionado nuevamente en el ámbito internacional con una carta en la que piden parar el proyecto.

 

La posición es simple: que salgan, y si quieren trabajar, que soliciten su (re)ingreso como es debido; pero mientras tanto, incomoda.

 

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Ayudanos a pararlo ahora
00:44

Videoclip de factortierra pidiendo apoyo a la comunidad internacional sobre la necesidad de parar el proyecto minero de Monterrico Metals en la sierra norte del Perú.
Productores Ejecutivos: Nelson Peñaherrera, Irina Mauricio; Productora: Liliana Alzamora; Copywritter: Audilio Garcia. Post-producción: NPC Comunicaciones ©2006 factortierra network.
Pida el video original, sin costo, a npccomunicaciones@yahoo.com
 

El Gobierno no ha respondido a esta carta promovida por FIAN Internacional, desde que el Perú “es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en el cual esta consagrado el derecho humano a la alimentación”.

 

FIAN recuerda también que el Perú ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

 

“El Estado del Perú tiene que respetar y proteger estos derechos, especialmente el derecho a la alimentación y al agua, el derecho de los pueblos indígenas de ser debidamente consultados y el derecho a la integridad física de las personas”, agrega.

 

Mientras tanto, Monterrico avanza su estudio de factibilidad y parece haber recibido una oferta de compra para el proyecto Rïo Blanco, según informó la agencia Sharecast, el 22 de diciembre pasado. Algunos sospechan que Xstrata parece haber hecho la oferta.

 

Plan Diablo

 

La Congresista por Piura, Marisol Espinoza, ha exigido investigar espionaje.

El Gobierno tampoco ha respondido a las denuncias de que la empresa Forza, que presta servicios de vigilancia a Minera Yanacocha, estaría realizando labores de espionaje a dirigentes ambientalistas.

 

Forza, fundada en 1991 por personas relacionadas con la Marina de Guerra del Perú, también presta servicios de vigilancia a Minera Majaz.

 

La denuncia, hecha originalmente por Grufides, en Cajamarca, basándose en información del líder ecologista y premio nacional de derechos humanos, Marco Arana, puso en alerta a dirigentes en Piura.

 

La Congresista por Piura, Marisol Espinoza, ha pedido una profunda investigación, y fuentes de FACTORTIERRA en el Congreso de la República dijeron que está viendo la manera de mantenerla en agenda, pues parece querer llegar al fondo del asunto.

 

Tal y como lo reveló un programa de televisión, el año pasado, Francisco Ojeda, Quique Rodríguez, Mario Tabra, e incluso el anterior arzobispo Oscar Cantuarias estaban liderando una red dedicada a fomentar protestas contra las mineras en Piura, todo bajo el auspicio de Diaconía para la Justicia y la Paz y Patria Roja, el llamado brazo político de Sendero Luminoso.

 

Las acusaciones contra estos líderes nunca fueron probadas.

 

Según El Tiempo de Piura, la congresista Espinoza presentó la denuncia ante la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso y mencionó que en la lista estaban también la secretaria ejecutiva de Diaconía, Eva Boyle, el regidor por Huancabamba, Benito Guarnizo, y el líder de esa localidad, Ramiro Ibáñez.

 

“Estoy indignada porque el Plan Diablo no sólo considera seguimientos a autoridades en Cajamarca, sino también a comuneros, representantes del Clero y autoridades de Piura y al corresponsal de El Tiempo, Ramón Alvarez Andrade”, dijo a la editora (y ex compañera de trabajo) Teo Zavala.

 

El plan presenta mapas de poder sobre líneas de los medios de comunicación, listas de periodistas y estudiantes a capacitar. “Esta situación es más que preocupante”, acotó.

 

Espinoza promovió una moción el pasado 21 de diciembre dando tres meses para que alguien explique todo esto. Nadie dice aún esta boca es mía.

 

Con informes de Luis Manuel Clips, La República y factortierra News.

©2007 Asociación FACTORTIERRA. Prohibida su reproducción.

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Descargas Lea el comunicado de Minera Majaz, en este facsimil JPG, proporcionado por factortierra News

Las fotos de esta historia se encuentran disponibles para que las envíes como postales electrónicas; entérate aquí.

 

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