Lista para extenderse
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| El objetivo de Monterrico es
tender un mineroducto de más de 250
kilómetros, que permita embarcar
todo el mineral extraído sin ningún
problema; pero antes, requieren...
unas cuantas autorizaciones. Los
puntos en el mapa son referenciales
y corresponden a los hallados en los
documentos de la minera. |
Nelson
Peñaherrera Castillo
Editor
Catacaos, Piura
--
Monterrico Metals tiene un año para
dejar todo listo para iniciar operaciones, y
no está perdiendo tiempo.
Mientras muchos se
daban el abrazo de Navidad o recibían
embriagados el Año Nuevo,
Minera Majaz, la operadora local de la
minera británica, continuaba un plan de
acercamiento a comunidades de la costa de
Piura.
La finalidad es
preparar terreno para tender el mineroducto
con el que transportarán material extraído
(Majaz ha negado que sea totalmente
procesado en Río Blanco) desde las alturas
hasta un puerto en la costa de Piura.
De acuerdo a los datos
que
FACTORTIERRA conoció a fines del año
pasado, el punto elegido inicialmente
era Paita, pero recientemente Majaz ha
pensado seriamente en usar Bayóvar.
Tiene instalaciones
apropiadas, y, en efecto, es usado por el
Gobierno Peruano para embarcar el petróleo
que el Oleoducto Norperuano transporta desde
el norte de Loreto, en la región amazónica,
y lo transfiere a través de la Cordillera de
los Andes, hasta alcanzar y cruzar el
desierto de Sechura, para finalmente llegar
hasta allá.
Majaz pretende hacer
casi lo mismo con el mineroducto: saliendo
de Río Blanco, tomaría la Meseta Andina en
los sectores altos de Pacaipampa y Frías,
para aparecer por el lado de Morropón, ya en
la costa, avanzar por el bosque seco de la
Comunidad de Ignacio Távara, la Comunidad de
Catacaos y terminar en Bayóvar.
Exijo una
explicación
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La solicitud (izq.)
de Majaz a la Comunidad Campesina de
Catacaos, y la respuesta de la
segunda negándose a dar cualquier
autorización (der.)
Amplía estos facsímiles. |
El 6 de noviembre
pasado, Luciano Avilés, de la oficina de
proyectos de Minera Majaz, envió una carta a
los dirigentes del caserío Mancomún Morante,
en la jurisdicción de la comunidad campesina
de San Juan de Catacaos.
Avilés pedía a los
dirigentes autorización para ingresar al
territorio de ese caserío con la finalidad
de instalar hitos. Una firma y un sello.
Los términos corteses
del funcionario no fueron contestados de la
misma manera.
Dos días después,
Miguel Silva y José Ricardo Sullón,
presidente y secretario de la comunidad
campesina, respectivamente, ponían al minero
en su sitio.
De entrada, el caserío
Mancomún Morante no existe (aunque la Carta
Nacional del Perú registra a un caserío
Morante como uno de los límites de la
comunidad), y los asuntos relacionados con
el uso del territorio no se tratan con
dirigentes de caserío, sino con la
organización más grande.
“Parecería… que…
pretende… ignorar la verdadera razón social
o persona jurídica con quien deben tratar
estos asuntos”, contestaron los dirigentes.
A párrafo seguido
agregaron que la actitud de Majaz demuestra
una total ignorancia de los derechos de las
comunidades sobre el uso de los territorios,
y que la observación iba con copia a la
Dirección Regional de Energía y Minas
(tiempo perdido), la
Defensoría del Pueblo y la Diaconía para
la Justicia y la Paz.
¿A ellos les gusta
la gasolina?
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| En términos sencillos, Minera
Majaz no puede operar libremente en
el territorio de las comunidades de
Yanta o de Segunda y Cajas; requiere
autorizaciones. En la foto Río
Tomayaco, cerca de Yanta, uno de los
afluentes del río Quiroz. |
La Defensoría del
Pueblo, o al menos la
Adjuntía para los Servicios Públicos y el
Medio Ambiente, tiene su propia visión
del caso.
A un pedido de la
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la
Paz (Fedepaz),
Defensoría consultó al
Ministerio de Energía y Minas acerca de
la presencia de la minera en Río Blanco y
alrededores.
Según Defensoría, el ministerio “no cumplió
con exigir a la empresa acreditar la
existencia de una autorización de los
propietarios del terreno superficial, ni
verificó las formalidades legales que deben
cumplir las autorizaciones”.
Defensoría ha instado al ministerio a que
corrija estos problemas para evitar
conflictos posteriores. De ahí a que el
ministerio haga caso, ya es otro asunto.
Asimismo, la entrada de Minera Coripacha,
supuestamente asociada a Majaz, es también
tema de una nueva gestión, ya que requiere
tener la autorización de la comunidad de
Segunda y Cajas para operar.
Coripacha, tal como su nombre lo dice al
castellano, pretende extraer oro desde el
suelo.
Dicho de otra manera, las quejas de Yanta y
de Segunda y Cajas tienen todo el fundamento
del mundo.
Toque la puerta antes de entrar
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Minera Majaz ya
había explorado otras posibilidades
de entrada, en caso Yanta y Segunda
y Cajas no le fuera propicias. La
alternativa era Pacaipampa (en la
foto). |
Los intentos de diálogo de diciembre pasado,
al Gobierno parecen decirle algo; pero todo
no quedó más allá del típico encuentro
diplomático y el ofrecimiento de acercarse a
la zona para conocer el problema de fuente
directa.
Las comunidades ya habían reaccionado
nuevamente en el ámbito internacional con
una carta en la que piden parar el proyecto.
La posición es simple: que salgan, y si
quieren trabajar, que soliciten su (re)ingreso
como es debido; pero mientras tanto,
incomoda.
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Videoclip de factortierra
pidiendo apoyo a la comunidad
internacional sobre la necesidad de
parar el proyecto minero de
Monterrico Metals en la sierra norte
del Perú.
Productores
Ejecutivos: Nelson Peñaherrera,
Irina Mauricio; Productora: Liliana
Alzamora; Copywritter: Audilio
Garcia. Post-producción: NPC
Comunicaciones ©2006 factortierra
network.
Pida el video original, sin costo, a
npccomunicaciones@yahoo.com
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El Gobierno no ha respondido a esta carta
promovida por
FIAN Internacional, desde que el Perú
“es Estado parte del
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), en el
cual esta consagrado el derecho humano a la
alimentación”.
FIAN recuerda también que el Perú ratificó
el
Convenio 169 de la Organización
Internacional de Trabajo sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
“El Estado del Perú tiene que respetar y
proteger estos derechos, especialmente el
derecho a la alimentación y al agua, el
derecho de los pueblos indígenas de ser
debidamente consultados y el derecho a la
integridad física de las personas”, agrega.
Mientras tanto, Monterrico avanza su estudio
de factibilidad y parece haber recibido una
oferta de compra para el proyecto Rïo
Blanco, según informó la agencia
Sharecast, el 22 de diciembre pasado.
Algunos sospechan que
Xstrata parece haber hecho la oferta.
Plan Diablo
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La Congresista por
Piura, Marisol Espinoza, ha exigido
investigar espionaje. |
El Gobierno tampoco ha respondido a las
denuncias de que la empresa
Forza, que presta servicios de
vigilancia a
Minera Yanacocha, estaría realizando
labores de espionaje a dirigentes
ambientalistas.
Forza, fundada en 1991 por personas
relacionadas con la Marina de Guerra del
Perú, también presta servicios de vigilancia
a Minera Majaz.
La denuncia, hecha originalmente por
Grufides, en Cajamarca, basándose en
información del líder ecologista y premio
nacional de derechos humanos,
Marco Arana, puso en alerta a dirigentes
en Piura.
La
Congresista por Piura, Marisol Espinoza,
ha pedido una profunda investigación, y
fuentes de FACTORTIERRA en el
Congreso de la República dijeron que está
viendo la manera de mantenerla en agenda,
pues parece querer llegar al fondo del
asunto.
Tal y como lo reveló un programa de
televisión, el año pasado, Francisco Ojeda,
Quique Rodríguez, Mario Tabra, e incluso el
anterior arzobispo Oscar Cantuarias estaban
liderando una red
dedicada a fomentar protestas contra las
mineras en Piura, todo bajo el auspicio
de Diaconía para la Justicia y la Paz y
Patria Roja, el llamado brazo político de
Sendero Luminoso.
Las acusaciones contra estos líderes nunca
fueron probadas.
Según
El Tiempo de Piura, la
congresista Espinoza presentó la denuncia
ante la Comisión de Ecología y Medio
Ambiente del Congreso y mencionó que en la
lista estaban también la secretaria
ejecutiva de Diaconía, Eva Boyle, el regidor
por Huancabamba, Benito Guarnizo, y el líder
de esa localidad, Ramiro Ibáñez.
“Estoy indignada porque
el Plan Diablo no sólo considera
seguimientos a autoridades en Cajamarca,
sino también a comuneros, representantes del
Clero y autoridades de Piura y al
corresponsal de El Tiempo, Ramón Alvarez
Andrade”, dijo a la editora (y ex compañera
de trabajo) Teo Zavala.
El plan presenta mapas de
poder sobre líneas de los medios de
comunicación, listas de periodistas y
estudiantes a capacitar. “Esta situación es
más que preocupante”, acotó.
Espinoza promovió una
moción el pasado 21 de diciembre dando tres
meses para que alguien explique todo esto.
Nadie dice aún esta boca es mía.
Con informes de Luis
Manuel Clips, La República y
factortierra News.
©2007
Asociación FACTORTIERRA. Prohibida su
reproducción. |
