Por fin sabemos
quiénes son
Wilfredo Ardito Vega
APRODEH, con la
colaboración de la Mesa de Editores de factortierra
wilfredo@aprodeh.org.pe
En esta historia:
Ya
van cuatro años |
También son víctimas |
Prontuario criminal |
Hablemos claro
 |
| Estas son algunas de las futuras víctimas de
Majaz. |
Lima – El
domingo 12 de marzo, se produjo una brutal agresión contra los
expositores y asistentes al foro Minería, Agricultura y Desarrollo
Sostenible, realizado en Huancabamba, Piura.
Una turba de matones,
dirigida por la empresa minera Majaz, arrojó piedras y golpeó a
varios de los participantes en el evento e inclusive secuestró por
varias horas a algunos de ellos, tal como consta en el Informe Nº
036 emitido por la Comisaría de Huancabamba y el Atestado Policial
Nº 027.
La turba se encontraba
al mando de Raúl Urbina, gerente de la empresa Majaz, así como de
Luis Armando Ludeña, José Nicanor Jiménez, Jorge Páucar, Ricardo
Sáenz, Bartolo Bermeo, todos ellos empleados de la mencionada
empresa.
Ellos alquilaron un
equipo de sonido que emplearon para interrumpir con arengas el
evento, transportaron en diversos vehículos a los matones y
compraron huevos que fueron arrojados al público, todo lo cual ha
quedado comprobado por los informes policiales.
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| Según los documentos de propiedad de las
comunidades de Segunda y Cajas y Yanta (mostrados en la foto),
Majaz no tiene autorización para operar en sus territorios. |
Desde el año 2002, Huancabamba
se encuentra en estado de conmoción social por la presencia de la
empresa británica Monterrico Metals que, con el nombre de
Minera Majaz, pretende explotar un yacimiento minero en medio de un
bosque de neblina en la zona limítrofe con la provincia de Ayabaca.
Esta empresa viene
operando de manera ilegal dentro del territorio de dos comunidades
campesinas (Segunda y Cajas en Huancabamba y Yanta en Ayabaca).
Muchos agricultores de
estas dos provincias de Piura, así como de San Ignacio y Jaén, en
Cajamarca, sostienen que la explotación les ocasionará serios
perjuicios, especialmente porque afectaría las fuentes de agua y
la producción agropecuaria y, con ello, el empleo y los ingresos.
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| La ciudad de Sullana enfrenta un agudo
problema de contaminación por aguas servidas que puede
empeorar si se agrega la contaminación minera. Imagen de la
Catedral de Sullana con el valle del Chira como fondo. |
Lo que también no se ha
visualizado es que al afectar el agua de la parte alta, ciudades
como Piura, Sullana y Jaén, que en conjunto albergan a casi 0,7
millones de personas podrían verse afectadas.
Sólo en Sullana, la
contaminación minera sería un factor adicional a la contaminación
por aguas servidas del río Chira, del que esta ciudad se abastece
a diario.
La
municipalidad local
no ha acertado con una adecuada política de manejo ambiental, y
como respuesta natural, el lirio acuático aprovecha las bacterias saprófitas de los desagües para crecer, justo enfrente de la
ciudad.
El río Chira se forma
por la confluencia de los ríos Catamayo y Macará. Aguas abajo
recibe aguas de los ríos Quiroz (en cuyo curso Plexmar Resources
realizará actividades mineras, luego de haber recibido una
autorización el pasado 31 de mayo) y Chipillico.
El valle de San
Lorenzo, que costó protegerlo de una inversión minera, sería
dañado irreversiblemente, pues al recibir aguas de un trasvase del
río Quiroz, inmediatamente recibiría los contaminantes..
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| Y con ustedes: Raúl Urbina, el gerente de
Majaz (el tipo con la camiseta naranja claro a la derecha),
presunto culpable de la agresión contra Fidel Torres, sólo por
mencionar un caso. |
Los hechos de violencia
del 12 de marzo se unen a la destrucción de la emisora
ambientalista La Poderosa, las agresiones sufridas por el
periodista Federico Ibáñez y la dirigenta campesina Josefa
Adrianzén, las denuncias por terrorismo realizadas por la empresa
Majaz contra un sacerdote y varios agentes pastorales.
Asimismo, las campañas
de difamación realizadas desde el diario
Correo de Piura y el
programa
Panorama en Lima contra todos los que se oponen al
proyecto minero, incluyendo al obispo de la zona, así como la
muerte de los campesinos Reemberto Herrera y Melanio García.
Todos estos hechos se
encuentran en la impunidad. Ningún proyecto minero en el Perú ha
pretendido ser llevado a cabo con costos sociales tan altos ni con
una participación tan directa de la misma empresa en promover la
violencia, tal como la propia policía ha constatado en el informe
ya citado.
La presencia de Raúl
Urbina y de los demás empleados de Majaz durante los incidentes
violentos del 12 de marzo, comprobada por las fuentes policiales,
confirma lo que denuncian varios dirigentes ambientalistas y es el
involucramiento directo de la empresa en tales actos.
Ese día, los matones
dirigidos por Urbina pretendieron golpear al alcalde de San
Ignacio y, por una confusión, agredieron salvajemente a Vicente
Zapata Alcorta, miembro del
Frente de Defensa de Tambogrande,
y lo dejaron amarrado e inconsciente, cuando la policía pudo
rescatarlo, como consta en los informes de los agentes que
intervinieron.
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| La gente tiene derecho a decidir hacia dónde
va. ¿Hay alguien dispuesto a respetar esa decisión? |
Exigimos a la empresa
Majaz que respete la vida y la integridad física de los habitantes
de las cuatro provincias involucradas por este proyecto y que
cesen los hechos de violencia contra las personas que promueven la
defensa del medio ambiente.
Exhortamos a las
autoridades de Piura a brindarles la necesaria protección y
recomendamos que no se otorguen más concesiones mineras en
aquellas zonas donde el ecosistema es frágil, de alta
biodiversidad y existe tanto rechazo popular a la actividad
minera.
Asimismo, exhortamos al
Ministerio Público –que ha recibido el citado Atestado Policial– a
efectuar la denuncia correspondiente ante el Poder Judicial a fin
de que los responsables de tales delitos sean procesados
penalmente.
En los próximos meses,
las autoridades de las provincias involucradas han decidido
convocar a una consulta popular respecto a la opinión de la
población sobre este proyecto minero y en general el desarrollo de
la minería en ellos.
Esperamos que el
Ministerio de Energía y Minas respete la voluntad popular y así se
evite que los problemas sociales se agraven.
Una delegación de los
futuros afectados les visitarán, la próxima semana, para
explicárselo mejor.
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Hablemos claro
Wilfredo Ardito es jefe
del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Basado en un comunicado
de APRODEH, Andes, CooperAcción y Fedepaz. Con informes
adicionales de Juan Llaguno en Lima, Nelson Peñaherrera y El
Regional Piura en Sullana, Liliana Alzamora en Tambogrande e Irina
Mauricio en Piura.
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