El poder de decidir
Equipo factortierra
factortierra@yahoo.es
En esta edición:
Todos
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La experiencia
Tambogrande |
Complicando
conflictos |
Tiro con efecto
| ‘Hackeando’
 |
| La gente tiene derecho a elegir su modelo
de desarrollo y proyectarlo más allá de sus fronteras. La
cosa se aplica también en los Andes de Piura. |
Sullana - Este
viernes, en Piura, se impulsará la iniciativa del Consentimiento
Previo, Libre e Informado (CPLI) que consiste en el derecho que
tienen los pueblos indígenas y campesinos de dar, negar o limitar
el consentimiento para las actividades y proyectos que se
encuentren en sus territorios.
Para el caso de Río
Blanco, esto se aplicaría específicamente a la actividad minera.
Según Julia Cuadros, de
Cooperacción, la metodología también sirve para toda
actividad que se ejecute en nuestro territorio.
Si bien en el Perú, las
leyes sobre participación ciudadana aún caminan con ayuda –apenas
tienen tres años—y la institucionalidad se mantiene luego de un
proceso electoral que nos sigue remitiendo a un pasado proceso
político plagado de violencia y corrupción, al Gobierno no le
suena muy bien esta iniciativa pues echaría por la borda todos los
tratos que posee con las corporaciones.
En este esquema a la
población se le pregunta primero, y si acepta, se ejecuta después,
y no a la inversa como se ha venido haciendo por años.
Es la gente la que
decide cuál será su modelo de desarrollo, de forma activa,
contando con el consenso de todos. Sin embargo, no toda la gente
conoce muy bien los procedimientos, y finalmente los gobernantes
se olvidan de los compromisos y terminan haciendo lo que se les
pega en gana, o lo que se les dicta desde arriba, muy arriba.
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| Julia Cuadros, de Cooperacción, explica a un
grupo de periodistas de Piura, en qué consiste el CPLI,
durante una reunión el 12 de junio pasado. |
Cooperacción, como
parte de la
Red Muqui, una iniciativa peruana de varias instituciones
para monitorear el desarrollo de la minería en forma justa y
coherente, consideran que los mecanismos de participación
ciudadana en cuestiones mineras, no deben reducirse a la presencia
de la población cuando se presentan los estudios de impacto
ambiental.
Lo que ellos consideran
es que las poblaciones deberían ser previamente consultadas sobre
su anuencia a los diversos proyectos de desarrollo que se
implementarán en su zona, en función de los impactos positivos y
negativos que se puedan producir; sólo bajo ese supuesto, recién
se daría el paso siguiente.
El otro componente de
importancia es la información constante de las partes sobre las
acciones que se realizan, así como constituirse en grupos de
ciudadanos vigilantes de lo que hagan las empresas y el Gobierno.
Muqui ha intentado
persuadir al Congreso de que estos mecanismos deben incorporarse
en la nueva Ley de Participación y Control Ciudadano, vigente
desde 2003, y que sólo considera la rendición de cuentas de las
autoridades y la intervención del pueblo en la elaboración de
planes de desarrollo concertado y presupuestos participativos. Los
legisladores no han dicho ni sí ni no, y le están dando largas al
asunto.
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| El modelo de consulta de Tambogrande puede
replicarse, pero quizás con resultados dispares, como Esquel,
Argentina, donde el 70 por ciento dijo que no a la minería, en
2003. Habría que diagnosticar a la comunidad, primero, para
luego buscar la forma adecuada de consulta y participación.
Las leyes peruanas aún no consideran este proceso. |
El antecedente más
cercano de cómo toda una población expresó opinión sobre modelos
de desarrollo es Tambogrande, cuando la mayoría dijo que no a la
minería,
el 2 de junio de 2002.
Aunque los
tambograndinos se enorgullecen de ello y lo ven como un hecho
histórico, no han sabido hacerle un seguimiento más contundente
para presionar al Gobierno a que no sólo acepte los resultados,
sino también al procedimiento como un método válido de consulta
ciudadana.
Muqui cree que el
modelo aplica a los lugares donde se pretende desarrollar
actividad minera, o donde los daños ya son irreversibles, como La
Oroya (Junín) o Cajamarca. Su principal obstáculo es un Estado que
sigue haciendo de escudero de las corporaciones, y que escucha a
los pueblos, no sin antes etiquetarlos y minusvalorarlos.
El 96 por ciento de
Tambogrande no es ninguna predicción. En el contexto actual de
Piura, la aplicación de una consulta generaría resultados muy
ajustados, debido a la polarización existente, y al hecho de que
no toda la información existente de ambas partes está llegando en
forma debida a los afectados directos e indirectos de los
proyectos mineros.
Mineros y agricultores
han intentado convencer a los pobladores de los beneficios y
perjuicios de la actividad minera sobre la agricultura, unos con
más presupuesto que otros, obviamente. Y huevazos más, huevazos
menos, la gente sigue en el limbo.
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| Mapa de Piura y el norte de Cajamarca
preparado por factortierra con tecnología
Google Earth. Los territorios verdes encendidos son
los lugares donde no hay consentimiento a la minería. Los
verde opaco son donde aún hay duda y desinformación.
Tambogrande aparece en verde sólido, basado en el resultado de
la consulta del 2/06/02, y aparece como referencia. |
Revisando el mapa de
conflictos mineros en esta región, factortierra nota que
hay un nuevo modelo adicional al clásico mineros/población (Tambogrande,
Río Blanco). Se trata de mineros corporativos/mineros
artesanales/población (Suyo, Paimas, Sapillica), lo que
definitivamente debe llevar a plantear estrategias particulares de
consulta y participación de la comunidad.
En el primer modelo la
cosa es simple: que hablen tirios y troyanos; pero en el segundo,
cambia: hay consultarle a fulano, mengano y zutano, cada cual con
sus expectativas y sus necesidades.
De hecho, en el tema
Río Blanco, las provincias de San Ignacio, Jaén (Cajamarca) y
Ayabaca (Piura) como que lo tienen todo claro, es decir, no a la
minería; Huancabamba aún duda, y la mitad de su población rural y
urbana está en la disyuntiva.
En el otro caso, la
historia es distinta, pues mientras los agricultores quieres
deshacerse de los mineros artesanales, éstos, a su vez, no quieren
ni oír de las empresas mineras. Campesinos de Culqui, Ayabaca,
confirmaron a factortierra, que los mineros artesanales
están contaminando la zona con mercurio, pero no saben en qué
grado; por otro lado, Plexmar Resources, de Canadá, ha dado
un diplomático ultimátum a los artesanales para que dejen libre su
denuncio. El despelote está en camino.
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| Cotización de Monterrico Metals en
Londres, al 14 de junio de 2006, cuando se produjo esta nota.
El círculo rojo marca la caída, tras el anuncio de la campaña
de Netwerk Vlaanderen. (Vea
cotizaciones actualizadas) |
Por su parte,
Minera Majaz se resiste a aprender la lección. Tras su
frustrada incursión en Yanta, Ayabaca, entre marzo y abril pasado
(este año este será su segundo objetivo de exploración), Nicanor
Alvarado, de la
Vicaría de Jaén, fue a Europa a quejarse de las
invasiones, depredaciones y amenazas de lapidación de los mineros.
El milagro vino un mes
después, luego que la ONG belga
Netwerk Vlaanderen se hiciera eco del reclamo y propusiera
a los accionistas de
Monterrico Metals, la matriz de Majaz, a que dejen de
invertir en ella porque violaba los derechos humanos de las
comunidades.
No sabemos si Alvarado
es muy devoto, pero el hecho es que las acciones de la minera en
Londres comenzaron a decrecer y siguen a la baja, algo que no
experimentan desde hace un año y medio, más o menos.
En Ayabaca, la
población habla de convocar a un nuevo paro, luego del último de
48 horas que tuvo poca respuesta; la cosa es que no pisen el
palito, y nuevamente se recurra a la fuerza para defenderse.
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| Resultado de nuestro rastreo, tras colocar un
señuelo en Internet. Se descubrió que algunas personas están
usando identidades electrónicas de dirigentes sociales para
fomentar actos violentos. |
Esa es el agua mansa,
porque el agua brava viene de lejos, luego que factortierra
conociera de personas a las que la palabra ‘protesta pacífica’ no
les suena a nada, y están tratando de promover algunas reacciones
violentas usando Internet. El método sería tomando el nombre de
conocidos dirigentes opuestos a la minería y sus identidades de
correo electrónico para mandar los mensajes.
Nuestro rastreo nos
lleva a la identidad “Sandra Alcántara U.” (kilopdenator@gmail.com)
y una dirección enmascarada,
facgu@christianemail.com, la que según especialistas
consultados por factortierra podría ser falsa o pirateada.
La primera víctima ha sido Rodrigo Carpio, de CORECAMI Abancay,
de cuya dirección de correo electrónico salió una clara protesta
contra la paz. Carpio dice que alguien ‘crackeó’ su identidad y la
usó.
Yahoo!, que provee nuestra plataforma en línea, dice que
es fácil robar identidades cuando no se siguen las mínimas medidas
de seguridad de cerrar sesión al usar cabinas públicas. A ellos se
agrega un reciente ataque de virus por correo electrónico, como
para empeorar el panorama.
Quien está detrás de
esto lo boicoteará todo, incluso la iniciativa de querer replicar
el éxito de Tambogrande. El camino, de todos modos, debe ser
escuchar a la gente, y hacerla proyectarse más allá de sus
fronteras mediante propuestas sostenibles. Un CPLI mejor
implementado, podría ser, la solución… salvo contraria opinión.
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Con
informes de Mario Tabra en Ayabaca, y de El Tiempo, Correo
(Piura), Radio Cutivalú, Noticias Aliadas y Radio Marañón.
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