Posesiones ilegales y usurpación de territorios
Mario Tabra
Corresponsal en Ayavaca
En esta historia:
La llegada
| Las
autorizaciones |
Los derechos de
las comunidades |
Cuando falta un
enfoque de derechos
Ayavaca - Durante el último taller que Minera Majaz desarrolló
en Ayavaca, se dijeron cosas como que: “tenemos las licencias de
las comunidades, vamos a sacar sólo cobre, no vamos a contaminar
el Quiroz, las aguas se van al Chinchipe”, mientras unos 30
policías resguardaban el local donde se realizó.
Históricamente, muchas actividades económicas, especialmente la
minería metálica, han actuado irresponsablemente en relación a un
conjunto de recursos naturales, perjudicando las posibilidades de
desarrollo presente y futuro de las poblaciones de su entorno.
La
Constitución Política del Perú dice en su primer artículo: “La
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el
fin supremo de la sociedad y del Estado”. Con ésta norma se coloca
a la persona humana como máximo valor, y por encima de cualquier.
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 |
| La población de Ayavaca fue una de las
primeras en oponerse a las exploraciones mineras. |
El
27 de junio de 2003, se emitió el decreto supremo 023–03-EM,
mediante el que se autoriza a Río Blanco a comprar las acciones y
derechos de Minera Majaz y se declara de necesidad pública, la
inversión privada, dentro de los 50 kilómetros de la frontera.
Esto
es en razón de la prohibición que existe en el artículo 71 de la
Constitución Política de que los extranjeros puedan “comprar o
poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas,
combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente,
individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio
del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de
necesidad pública…”
El
decreto fue firmado por el presidente Alejandro Toledo, y los
ministros Luis Solari, Jaime Quijandría y Aurelio Loret de Mola.
El
caso es que los territorios bajo concesión minera ya tenían dueño:
las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas. Según las
leyes peruanas, su territorio es inviolable y está garantizado por
el Estado, mediante títulos de propiedad inscritos en la
Oficina de Registros Públicos.
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| Monterrico sostiene que posee autorizaciones
de exploración; las comunidades dicen que éstas son ilegales.
Comuneros subiendo el Cerro Negro, cerca de Yanta. |
Minera Majaz y el
Ministerio de Energía y Minas (MEM) dicen tener autorizaciones
de las comunidades de Segunda y Cajas, y Yanta, según sendas
cartas enviadas por el gerente general de la minera, Raymond Angus.
Lo
que consiguieron es una irregular autorización para trabajos de
prospección sísmica que suscribieron sólo con algunos miembros de
la Junta Directiva de Segunda y Cajas, el 09 de julio del 2002, la
cual fue anulada por unanimidad, por la asamblea general del 18 de
mayo del 2003. La decisión fue confirmada mediante la resolución
comunal del 26 de enero de 2004. Estos documentos han sido
entregados a la empresa minera, el MEM y el
Ministerio del Interior.
En
el caso de Yanta, una autorización suscrita por dos miembros de la
junta directiva y un teniente gobernador, el 17 de agosto del
2002, fue anulada por la asamblea general del 10 de enero del
2004, mediante la que se decidió por unanimidad, no dar permiso
para que la empresa minera Majaz realice trabajos de exploración,
estando presentes, funcionarios del MEM, de la minera, el alcalde
de Ayavaca, entre otros invitados.
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| Los enfrentamientos entre mineros y
campesinos no han sido favorables a los segundos. Muchos
fueron heridos, principalmente, por perdigonazos. |
Las
leyes peruanas reconocen como bienes de las comunidades campesinas
sus territorios, y que corresponde a sus asambleas generales
“disponer o gravar los bienes y rentas de la comunidad, así como
para celebrar transacciones y actos para los que se requiera
autorización especial”.
La
ley de inversión privada en el desarrollo de las actividades
económicas en las tierras del territorio nacional y de las
comunidades campesinas (26505)
señala que las comunidades campesinas y nativas podrán disponer,
gravar, arrendar o ejercer cualquier acto sobre las tierras
comunales sólo con acuerdo de la asamblea general y con el voto
conforme de los dos tercios de todos los miembros de la comunidad.
Entonces, las autorizaciones de Majaz son nulas de pleno derecho;
en consecuencia, está en posesión ilegal del territorio comunal y
usurpando tierras con daños agravados. Por eso, las comunidades le
exigen su retiro.
Pero
ellos, usando éstas autorizaciones sin valor legal, consiguieron
que la Dirección General de Asuntos Ambientales del MEM emitiera
la Resolución Directoral No. 478 -2003, el 28 de noviembre de
2003, aprobando su Evaluación Ambiental y habilitándola para que
realice la exploración y su Estudio de Impacto Ambiental entre
noviembre de 2003 y noviembre del 2006.
El
lugar de operaciones es el inexistente distrito de Huamarca,
en la provincia de Huancabamba (lo más cercano es Huarmaca).
La
ilegal presencia de la minera ha generado un problema social, con
dos personas asesinadas, muchos heridos y más de 140 personas
injustamente procesadas. Para que la paz regrese, ellos deben
retirarse.
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Cuando falta un
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“Lo opuesto a la pobreza no es la
riqueza, sino el desarrollo. Es decir, el proceso por el cual
cada ser humano desarrolla sus propias potencialidades y
alcanza el bienestar o condiciones adecuadas de vida”
(Pobreza y Desarrollo en Perú, Oxfam) |
-
Utilizar el enfoque de derechos implica reconocer que la única
forma de superar la pobreza es asegurar que las personas ejerzan
derechos:
-
El
derecho a medios de vida adecuados y que sean sostenibles.
-
El
derecho a acceder a servicios de educación y salud de calidad
-
El
derecho a ser escuchados y poder influenciar en las decisiones
públicas que afectan la vida de su comunidad.
-
El
derecho a vivir en un medio ambiente sano y adecuado que asegure
la calidad de vida presente y futura.
-
El
derecho a la equidad, en particular entre géneros y etnias.
Por
eso, en relación a los conflictos ambientales es sumamente
necesario desarrollar un enfoque de derechos, ya que por lo
general, cuando se trata de inversión privada, las empresas que
llegan en nombre del desarrollo y la modernidad, no tienen
capacidad de reconocer los procesos previos y los derechos, muchas
veces ancestrales, como es el caso, que tienen los pobladores de
éstas zonas.
©2006 Mario Alberto Tabra
Guerrero
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